El próximo septiembre, los gobernantes de la mayor parte de naciones del mundo se darán cita en la Organización de Naciones Unidas con el fin de acordar una nueva agenda de desarrollo para la civilización. Una comisión especial ha avanzado en la definición de 17 objetivos, denominados Objetivos de Desarrollo Sustentable (ODS). Estos objetivos están acompañados de metas e indicadores que, en los siguientes 15 años, revelarán qué tanto se avanza hacia su cumplimiento. Los ODS constituyen la continuación de los Objetivos de Desarrollo del Milenio (ODM) ―pactados en 1990 y cuyas metas no han sido conseguidas en su totalidad―.
El libro recientemente publicado por el Instituto Centroamericano de Estudios Fiscales (Icefi) y el Centro de Estudios latinos y latinoamericanos de American University, cuyo título es “Política fiscal: expresión del poder de las élites centroamericanas” abre las puertas para que la ciudadanía centroamericana conozca la forma de actuar de las élites en la región.
Casi dos terceras partes de la población pobre a nivel mundial viven en los países que son ricos en recursos naturales. Es por ello que en el ámbito de las actividades extractivas, la transparencia fiscal es fundamental, en el sentido de que los ingresos públicos generados por dichas actividades, más allá de generar beneficios macroeconómicos, se traduzcan en oportunidades para elevar las condiciones de vida de la población, en un marco regulatorio que garantice el cumplimiento de los derechos de las personas a decidir la explotación o no de los recursos, y promueva una relación con el fisco basada en la búsqueda del bien común. Independientemente de si los ingresos fiscales generados por actividades extractivas son altos o bajos con respecto al tamaño total de la economía en la que se explotan, si su gestión y manejo se realizan de manera poco transparente, difícilmente se traducirán en mejoras en las condiciones de vida de la población.
El cierre del ejercicio fiscal 2014 ha dejado más incertidumbres que certezas en el panorama fiscal de Centroamérica. Por su parte, las cuentas fiscales del 2015 anticipan una carga adicional de preocupación en torno a la sostenibilidad de las finanzas públicas de los gobiernos de la región: los ingresos tributarios con un bajo crecimiento, un gasto público que se ancla a las posibilidades de endeudamiento, una deuda pública que continúa acrecentándose, son los elementos que deben obligar a la sociedad centroamericana a discutir una urgente agenda de reformas para la sostenibilidad y la suficiencia de la política fiscal.
Durante los primeros años del siglo XXI, los Estados han desplegado esfuerzos para enfrentar la corrupción e impedir que unos pocos obtengan beneficios personales ilegítimos, en especial si se afecta el bien común, así como la provisión de los bienes y servicios públicos adecuados para resolver las principales necesidades de la población.
La situación fiscal de Centroamérica se ha agudizado en los últimos meses, debido principalmente a una carencia estructural de recursos suficientes para hacer frente a las necesidades de la población centroamericana y concretar muchos de los compromisos asumidos por los gobiernos. Los casos más paradigmáticos son El Salvador y Honduras que, atendiendo a la existencia de déficits fiscales crecientes en los últimos períodos y una significativa acumulación de deuda pública, se han embarcado en fuertes programas de austeridad, dirigidos a tratar de reducir los niveles de gasto.
La agenda de los Estados centroamericanos contempla, dentro de sus múltiples desafíos, el fortalecimiento de las Administraciones Tributarias (AT) con el objetivo de contar con herramientas adecuadas para verificar el cumplimiento de las obligaciones de los contribuyentes, aplicar eficazmente las leyes fiscales y combatir la evasión y elusión tributaria. El propósito es crear condiciones para mejorar la recaudación de ingresos fiscales, que sufragan los programas y proyectos gubernamentales destinados a resolver las necesidades más urgentes de la población en cada país.
Cerca de 20 millones de centroamericanos (más del 45% de la población total) habitan en territorios rurales. En comparación con los habitantes de las áreas urbanas, las poblaciones rurales continúan teniendo menor acceso a los bienes y servicios básicos tales como la educación y la capacitación, la salud, el agua potable y el saneamiento ambiental, generando con ello amplias brechas de bienestar, empleo e ingresos.
En los últimos años, especialmente con posterioridad a la gran crisis financiera internacional de 2008 y 2009, la política fiscal en Centroamérica, se ha enfocado en la búsqueda de soluciones de corto plazo, para resolver las deficiencias coyunturales que presentan los presupuestos de los países, y a crear condiciones que traten de preservar la sostenibilidad fiscal, especialmente en la administración de la deuda pública.
No. 17 - Época II. Antes de que la Gran Recesión golpeara a Centroamérica, los Estados estaban ajustando los saldos de su deuda pública para hacerlos sostenibles en el tiempo. Evidentemente, para la mayoría de naciones centroamericanas, la racha de alto crecimiento de los años anteriores les permitió avanzar con mayor rapidez.