La protección social debe entenderse como el conjunto de políticas y programas que resguardan a los ciudadanos frente a diversas contingencias y procuran su bienestar en las diferentes etapas del ciclo de vida. Esta debe basarse en la realización, garantía y protección de los derechos económicos sociales y culturales de las personas, tales como educación y capacitación, salud y alimentación, vivienda y saneamiento, seguridad social, trabajo e ingresos.

Según las estimaciones oficiales y de entes internacionales, en 2016 la economía guatemalteca tendrá un crecimiento real en torno al 4%.

La renta básica universal (RBU) es un monto de dinero que el Estado asigna de forma incondicional a cada miembro de la sociedad por el simple hecho de ser ciudadano. Dicha renta, cuyo monto toma en cuenta el costo de consumos vitales, sirve para elevar el bienestar de todas las personas, disminuir la desigualdad y la pobreza al tiempo en que su ejecución dinamiza la actividad económica, genera empleo y disminuye la conflictividad social.

Se está cumpliendo casi un año desde que los guatemaltecos se animaron a tomar las calles para luchar en contra de la corrupción y exigir la salida de aquellos gobernantes que al amparo de la opacidad de sus acciones, utilizaron el poder público no para servir, sino para servirse.