Pero nuestros funcionarios fallan a la hora de materializar ese compromiso, lo que se demuestra en la forma en que gobiernan, en las leyes que aprueban y en las prácticas de transparencia y rendición de cuentas que adoptan.
La justicia tributaria no es una cuestión entre comunistas y anticomunistas, e impulsarla no debería generar conflictos comparables con revivir la Guerra Fría. Es una cuestión mucho más sencilla, necesaria, y también obligatoria, tal como está escrito y ordenado en la Constitución.
De todos los ámbitos de la política fiscal, la justicia tributaria es quizá el más controversial y, por ello, el más evadido en los debates políticos y ciudadanos.
Esta semana se vencía el plazo para que el gobierno de El Salvador erogara los $604 millones que faltaban de pagar del vencimiento de un bono que se emitió en 2002. Y lo hizo.
El gobierno, utilizando toda su maquinaria de propaganda, ha equiparado este suceso a uno de los más grandes éxitos económicos —quizá sea porque no haya muchas cosas que presumir en este ámbito— incluso dejando entrever que este acontecimiento nunca había pasado anteriormente. Cuando en realidad el país, a excepción de 2017, siempre había cumplido con los pagos de deuda.
Vivimos en un país en el que sus funcionarios, en lugar de conmemorar los Acuerdos de Paz, se dedican a atacar y desacreditar su valor histórico.
Aunque imperfectos e incompletos, esos Acuerdos permitieron poner fin a una guerra que cobró miles de vidas. En lugar de vilipendiarlos, deberíamos aprovechar para reflexionar sobre las tareas pendientes para lograr avanzar en la construcción de una sociedad pacífica.
El 2023 ha arrancado y aunque la realidad no se modifica solo por el cambio del calendario, un año nuevo permite, al menos, tener la esperanza de que este año sea mejor que el anterior.
Muchas personas, empresas e instituciones aprovechan para planificar y establecerse metas. En ese proceso siempre es importante considerar el contexto, y estos son algunos de los elementos, especialmente en el ámbito económico que pueden marcar este 2023.
En 2023 tampoco debemos abandonar la lucha por recuperar y reconstruir la institucionalidad democrática del país. Un sólido estado de derecho y la independencia de poderes son indispensables para la garantía de los derechos humanos, la construcción de la paz y el desarrollo de nuestro país.
Muchas de las medidas de prevención y mitigación de la pandemia se fueron cambiando, hasta alcanzar el comportamiento anterior a los estados de emergencia, es decir, cada persona es responsable de su seguridad sanitaria, a pesar de que el colectivo no esté obligado.
En El Salvador casi la mitad de la población ha padecido inseguridad alimentaria, es decir que no ha comido lo suficiente o en muchos casos no ha comido absolutamente nada. Pero, me es indiferente porque yo no soy uno de ellos.
Entre 2019 y 2021, el porcentaje de las personas que vive en pobreza extrema se ha duplicado, es decir personas que no tienen los ingresos suficientes para cubrir el costo de la canasta básica de alimentos. Pero, me es indiferente porque yo no soy uno de ellos.
El Estado salvadoreño tiene la obligación de garantizar un sistema de protección social con un componente previsional adecuado.
La actual administración gubernamental ha tenido el tiempo y sobre todo el poder para hacer las cosas bien para reformar el sistema de pensiones. Lamentablemente siguió la práctica de presentar una propuesta sin haberla discutido con los diversos actores del país y de no acompañarla con un estudio técnico que garantice que lo que se ha presentado es la mejor opción.