A 20 años de finalizado el conflicto armado interno, y a pesar de la considerable ayuda exterior que desde la firma de los Acuerdos de Paz en 1996 ha tenido Guatemala, el Estado no ha podido armar el rompecabezas que supone el desarrollo –sobre todo en áreas rurales-, en parte por la ruptura del tejido social que la guerra civil causó y cuyos principales desgarros permitieron el surgimiento de una serie de verdugos sociales como lo son la violencia, la impunidad, el racismo estructural, la corrupción, entre otros. Por otra, se cuenta con un aparato de Estado disfuncional que no tiene la capacidad para llevar a cabo operaciones esenciales como lo son la generación de recursos, brindar seguridad, o incluso ofrecer servicios básicos a la población más vulnerable. Esta situación, además de provocar erosiones en la legitimidad del Estado, nos obliga a cuestionarnos ¿Quién gobierna, para quién, y cómo se proporcionan los servicios del gobierno en condiciones de un Estado débil?

Ante este panorama, los ciudadanos nos encontramos con la disyuntiva de actuar o permanecer indiferentes ante las decisiones que toman nuestros gobernantes, quienes en virtud de mandatos constitucionales elaboran planes y estrategias de desarrollo asumiendo que las necesidades son las mismas para toda la población, cayendo en el desacierto de ignorar las particularidades que presentan los diferentes grupos étnicos que conforman el país (mestizos, Garífunas, Mayas y Xincas), y disfrazando los errores de las políticas públicas con indicadores económicos como es el PIB per cápita, que no es particularmente una medida adecuada para evaluar el bienestar desde una perspectiva de desarrollo humano.

Un estudio del economista Matthew T. Klick (State-Local Complementarity and Spatial Variation in Human Development: Lessons from Rural Guatemala, 2014), ha puesto de manifiesto la importancia de la participación activa de las autoridades informales en la elaboración de los programas de desarrollo del Estado. Este trabajo realiza un análisis cuantitativo de todos los municipios de Guatemala en combinación con los resultados de campo que incluyen más de cien entrevistas. También, dentro del documento se presenta un enfoque de gobernanza que descarta la representación dicotómica: Estado y sociedad; público y privado, incorporando en el análisis la influencia de diferentes miembros, incluidas las organizaciones públicas, privadas, y civiles, con el fin de resolver los problemas políticos, económicos y sociales comunes.

Por otro lado, el documento señala la segregación social que se manifiesta en las áreas rurales del país, derivada del clientelismo político y la religión (afiliación a la iglesia católica frente a la evangélica), provocando una distribución sesgada e ineficaz de los recursos, y que perjudica seriamente la coordinación y ejecución de los servicios gubernamentales. Por ello, el papel de la complementariedad estatal-local es un elemento efectivo en la implementación de políticas de desarrollo. Las comunidades rurales que toman en consideración las opiniones de sus líderes comunitarios, autoridades ancestrales, actores clave, y ciudadanos comunes para la gestión de su territorio, colaboran con el proceso de gobernanza y se constituyen en grupos informados sobre los planes y proyectos que el Estado prepara para el desarrollo de sus habitantes.

Démonos pues a la tarea, como guatemaltecos conscientes de los problemas que aquejan a nuestra sociedad –sobre todo a la población rural que históricamente ha sido la más afectada-, de colaborar en la búsqueda de los recursos necesarios para armar la fotografía del bienestar social que nos fue arrebatada.