El estudio aborda la temática de las garantías sobre los derechos de los Pueblos Indígenas en Guatemala desde la perspectiva de las inversiones públicas, mediante una metodología que definir los gastos sensibles en la atención directa a la población Indígena, detallando en cifras las diferencias significativas en la distribución de las finanzas públicas desde la identidad étnica de las personas.

Se analizan los gastos prioritarios sociales, la investigación reveló que la inversión pública total en Pueblos Indígenas al 2022 fue de Q21,757.4 millones (USD 2,770.0 millones) de los cuales Q14,510.1 millones (USD 1,847.9 millones) corresponden al Gasto Público Social (GPS), el cual incluye las finalidades de educación, salud, protección social, protección ambiental, urbanización y servicios comunitarios, actividades deportivas, recreativas, cultura y religión, atención de desastres y gestión de riesgos. De estos montos, la ejecución total de la Inversión Pública de Pueblos Indígenas (IPPI) alcanzó el 88.8% y la del GPS de la IPPI el 90.2%; correspondiente a que por cada Q100 destinados a atender los bienes y servicios públicos que garantizan los derechos de la población indígena solamente se ejecutaron Q88.8 y Q90.2, respectivamente.

Dentro de los principales hallazgos, se observó que el gasto público total de la IPPI 2022 representó el 16.6%, mientras que las inversiones en población no indígena el 83.4%. El GPS de la IPPI representó el 11.1% del gasto total, mientras que el GPS para población no indígena fue del 41.9%.