presupuesto
Los integrantes de la CFPM, dentro de las anomalías del dictamen, también incumplieron con obligaciones relacionadas con el respeto, protección y garantía de los derechos humanos. En la elaboración, aprobación y ejecución de los presupuestos públicos, la CFPM debió observar que se cumplieran con una serie de compromisos internacionales en materia de derechos humanos, condensadas en los Principios de derechos humanos en la política fiscal.
El presupuesto debe atender nuestras necesidades y derechos, no los intereses particulares de nuestros gobernantes. Como ciudadanía tenemos derecho a opinar, participar y exigir transparencia en las decisiones que definen cuántos impuestos se van a recaudar y quiénes los pagarán.
El Instituto Centroamericano de Estudios Fiscales (Icefi) expresa preocupación por la decisión del Ministerio de Educación (Mineduc) de derogar disposiciones legales relacionadas con la contratación del personal supernumerario (renglón presupuestario 021), pues estos cambios podrían tener repercusiones en los mecanismos administrativos de contratación de personal, especialmente de docentes, que pueden derivar en el uso de criterios discrecionales y la falta de aplicación de normas de transparencia.
Por este tipo de prácticas no resulta extraño que El Salvador resulte mal evaluado a nivel internacional.
La evaluación del presupuesto debe abarcar más de un simple ejercicio de sube y baja, o de aplicación de visiones preestablecidas. Debe ser un momento de reflexión para identificar si la sociedad y su Estado, caminan por la senda correcta.-
Al cerrar el primer semestre de 2023, si bien se ha incrementado el presupuesto para la inversión pública, estos incrementos han sido orientados para programas de gastos temporales que no siguen un plan o estrategia de gobierno que vaya más allá del corto plazo y que, más que atender las necesidades más básicas de la población, parecieran obedecer a la coyuntura electoral y promover la imagen de quienes se encuentran en la administración pública.
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Entre tantas respuestas posibles, una de ellas, es la administración de un país, que para 2023 lo forman 17.6 millones de guatemaltecos y guatemaltecas. Otra importante es que esta administración tendrá la responsabilidad de administrar recursos cuantiosos. El presupuesto vigente a marzo de 2023 para el gobierno central es de Q117,490.8 millones, unos USD 15,008.2 millones, y cuya importancia macroeconómica es de 14.9% del producto interno bruto (PIB).
El presupuesto público permite identificar las prioridades y apuestas que un gobierno tiene.
Es decir, cuando un programa, proyecto o entidad recibe una asignación de recursos públicos es porque existe un interés gubernamental en su fortalecimiento, lo cual no siempre es motivo de alegría, como describo a continuación.
