Conforme se acerca el cierre de 2022 cada vez hay más indicadores, y temores, de que la economía mundial pueda sufrir una recesión en 2023.
Una publicación reciente del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), desde la experiencia acumulada de sus Accelerator Labs en doce países de América Latina y teniendo como objetivo contribuir a lograr las metas de los ODS, invita a repensar cómo los mecanismos de participación existentes pueden funcionar mejor para recopilar y proyectar las voces de la ciudadanía de manera más efectiva.
Pero vivimos en un país en el que la opacidad se ha hecho la norma.
De manera descarada se están usando recursos públicos para una campaña electoral que ya había empezado desde hace meses, pero que ahora es más visible.
Un aspecto que en ocasiones se le pone poca atención en el ámbito de las finanzas públicas es la credibilidad. Y uno de los grandes problemas que tiene actualmente el Ejecutivo es que en el ámbito financiero han perdido la credibilidad.
En el caso de El Salvador la posible reforma de pensiones que, de llevarse a cabo de manera inadecuada, puede agravar la situación financiera del país, ya sea a corto o mediano plazo.
En particular, podemos observar cómo durante el bienio 2020–2021, el IDH ajustado por desigualdad disminuyó en todos los países de la región y, bajo esta medida amplia de desarrollo, Guatemala es el país más desigual de Centroamérica, mientras que Costa Rica y Panamá tienen un registro sustancialmente mayor del resto de países de la región, en términos relativos.
Es necesario que el Gobierno tome medidas para contrarrestar los efectos de la crisis económica que se está transitando.Si la idea es implementar subsidios, estos deben ser orientados a generar un impacto universal que no discrimine ni excluya a ningún ciudadano,máxime cuando las mayores dificultades de una buena parte de la población son por el acceso a alimentos y no tanto porcocinar con gas o utilizar vehículos.
El Plan Estratégico de la Superintendencia de Administración Tributaria de Guatemala para el período 2021-2025, contiene, entre otros objetivos, el referente a “Aumentar la recaudación de manera sostenida y reducir la brecha de incumplimiento tributario”, el que, a pesar de disponer de un interesante modelo conceptual de ejecución, plantea como meta de verificación simplemente el cumplir con la meta considerada en el presupuesto de ingresos y gastos.