Por otra parte, el gasto público refleja un enfoque de austeridad y representará 24.3% del PIB, menor que el 26.8% esperado para 2022.
Las respuestas a la mayoría de estas preguntas lamentablemente son negativas, por lo que, en general, hoy los ejercicios de presupuesto o gobierno abierto en general carecen de legitimidad, incluso cuando tuvieron inicios exitosos y muy legítimos. Se parecen más a lo que, en la jerga del gobierno abierto se conoce como open wash, es decir, la manipulación maliciosa con el objetivo de «lavarle la cara» a un gobierno corrupto, antidemocrático, autoritario, represor o abiertamente dictatorial.
Los efectos de los desastres se intensifican entre las poblaciones pobres y excluidas socialmente, por lo que el manejo y la prevención del riesgo deben ser enfrentados por política públicas que se formulen desde un enfoque de derechos.
Más allá de lo que cada quien pueda pensar o decir, para la mayoría de la población ¿cuál es el principal problema que enfrenta El Salvador?
Los países centroamericanos se encuentran de cara a la aprobación de sus presupuestos de ingresos y egresos para el período 2023. Esto se traduce en oportunidades para priorizar gastos orientados a: resolver problemáticas estructurales.
El presupuesto público es nuestro, y es uno de los instrumentos de política pública más importantes para la vida de nuestro país.
Las estadísticas muestran cifras preocupantes en brechas de la participación en mujeres en la fuerza laboral, en la región centroamericana existe una diferencia de 31.3 puntos porcentuales en la tasa de hombres y mujeres que trabajan.
Las metas recaudatorias anuales deberán formularse en términos de la carga tributaria: dado a que la tarea fundamental de las administraciones tributarias es mejorar la efectividad del sistema tributario, la única forma efectiva de establecer metas de gestión a estos entes y evaluarlos efectivamente, se encuentra en la definición de incrementos anuales de la carga tributaria.