Conéctese con nosotros Facebook Twitter YouTube LinkedIn
Blog

Subsidios al gas propano y combustibles

Es necesario que el Gobierno tome medidas para contrarrestar los efectos de la crisis económica que se está transitando.Si la idea es implementar subsidios, estos deben ser orientados a generar un impacto universal que no discrimine ni excluya a ningún ciudadano,máxime cuando las mayores dificultades de una buena parte de la población son por el acceso a alimentos y no tanto porcocinar con gas o utilizar vehículos.


Una situación que está impactando las economías de los países es el incremento de los precios a nivel general, es decir la inflación. En especial, se ha presentado un alza significativa en los precios de los combustibles que durante el 2022 se mantenido en un alza casi constante. En estas circunstancias los gobiernos han decidido tomar un rol de intervención para regular los efectos que esto provoca en los mercados, aprobando subsidios para disminuir temporalmente el precio de los combustibles y del gas propano. De esta cuenta vale la pena analizar si dichos subsidios han sido efectivos y lograron un beneficio para la población, especialmente para aquella que se encuentra más vulnerable por sus condiciones de desigualdad en sus ingresos y deben sobrellevar las problemáticas de la pobreza y pobreza extrema.

En ese sentido, se tomó a Guatemala como objeto de análisis. El Gobierno de este país aprobó la Ley de apoyo social temporal a los consumidores de diésel y gasolina regular(Decreto 20-2022) en marzo del presente año y posteriormente en mayo, aprobó reformas a dicho decreto (Decreto 28-2022) para ampliar los recursos y tiempo de vigencia del subsidio.La normativa otorgó un monto de Q5.00 para el galón de combustibles de tipo regular y superior y de Q7.00 para diésel. En el caso del gas propano, el subsidio se aplicó a partir de la Ley de apoyo temporal a los consumidores de gas propano (Decreto 17-2022) y su reforma con el Decreto 33-2022, el cual consiste en un aporte desde los Q8.00 a los Q28.00, dependiendo la capacidad del cilindro. En ambos casos, los subsidios tuvieron vigencia hasta el mes de agosto, aunque cabe señalar que el Congreso de la República recientemente aprobó una ampliación para mantener el subsidio al diésel durante 2 meses adicionales.

La entidad encargada de manejar el subsidio y hacer la entrega de este a las empresas importadoras de combustibles y gas propano fue el Ministerio de Energía y Minas (MEM). El registro de ejecuciónde los subsidios–a inicios de agosto– fue de Q2,065.8 millones de un techo presupuestario vigente de Q2,599.5 millones, es decir, un 79.7% de ejecución. Los montos reflejan que para el apoyo social temporal a los consumidores de gas propano, el presupuesto asignado fue de Q333.5 millones de los cuales sólo se habían ejecutado Q259.3 millones (77.7%) mientras que para los combustibles fueron Q2,260.0 millones asignados, con una ejecución de Q1,806.5 millones (79.9%). Esto refleja que a pesar de que llegó el vencimiento del subsidio, su ejecución no fue completa.

Una revisión más exhaustiva mostró que para el subsidio de gas propano se otorgó a 24 empresas que lo importan y distribuyen, sin embargo, el 89.2% del monto entregado se concentró en sólo 4 de ellas. En el caso de los combustibles, la entrega se hizo a 5 empresas importadoras y distribuidoras en donde la reparticiónfinanciera fue relativamente más equitativa. Lo relevante en este caso es que básicamente existe un oligopolio en la oferta de combustibles y gas propano, por lo queel impacto real en los precios sería difícil de estimar cuando son ellos quienes tienen mayor poder en la decisión de fijación de los precios, lo que puede generar la colocación precios artificiales que se alejan de un precio real de mercado. El subsidio presentó de forma relativa, un efecto directo en la reducción delos preciosde los combustibles y del gas en el mercado nacional, durante los meses de abril a julio, pero no se sabe si esos precios existentes a valor de mercado realmente eran tan altos o debieron sermenores para que el subsidio objetivamente tuviera el efecto deseado.

Si a esta situación se le analizan los impactos que provocó en la población, se puede llegar a determinar que existen factores que generan duda sobre si estos subsidios realmente fueron efectivos. Por ejemplo, según las cifras del XII Censo Nacional de Población y VII de Vivienda (2018), el54.4% de los hogares en Guatemalaaún utilizan leña como fuente de combustible para cocinar. Por su parte según la Superintendencia de Administración Tributaria (SAT), el parque vehicular en el país a julio de 2022 es de 4.7 millones de vehículos automotores, de los cuales el 43.0% se concentra en el departamento de Guatemala. Tomando en cuenta, además, que el índice de pobreza multidimensional(IPM-GT) del país alcanza el 61.6% de la población, lo que podría suponer que esta población no dispone de un vehículo automotor particular.Entonces podemos inferir que el subsidio de las gasolinas, diésel y gas propano no llegó necesariamente a toda la población, sino sólo al grupo poblacional que reside mayoritariamente en las áreas urbanas, que poseen estufas con gas propano y que cuentan con un vehículo o al menos, tienen acceso a un medio de transporte público, por lo que su eficacia no fue la esperada.

En todo caso, las medidas que se toman a partir del gasto público para trasladar subsidios que deben atender necesidades inmediatas de la población,deben orientarse a provocar un impacto general en la población sin que exista margen de exclusión. En ese sentido, un subsidio para productos alimentarios, como el maíz o la harina, tendrían un mejor efecto puesto que la inflación está provocando que los precios de los alimentos y bebidas suban, mientras que el ingreso medio de la población se mantiene muy por debajo de la canasta básica alimentaria. Según el Integrated Food Security Phase Classification(CIF) se estimaque,para el periodo de junio a septiembre [considerada temporada de escasez], la población que se encuentra en riesgo de inseguridad alimentaria en el país podría alcanzar las 4.6 millones de personas, de los cuales 1.7 millones son niñas y niños, por lo que atender el acceso oportuno y adecuado de alimentos debería ser una prioridad nacional.

Es necesario que el Gobierno tome medidas para contrarrestar los efectos de la crisis económica que se está transitando.Si la idea es implementar subsidios, estos deben ser orientados a generar un impacto universal que no discrimine ni excluya a ningún ciudadano,máxime cuando las mayores dificultades de una buena parte de la población son por el acceso a alimentos y no tanto porcocinar con gas o utilizar vehículos.

 

Carlos Gossmann // Economista sénior / @CarlosGossmann

Esta columna fue publicada originalmente en El Economista, disponible aquí.