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¿Cómo lograr más participación ciudadana en Centroamérica?

Una publicación reciente del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), desde la experiencia acumulada de sus Accelerator Labs en doce países de América Latina y teniendo como objetivo contribuir a lograr las metas de los ODS, invita a repensar cómo los mecanismos de participación existentes pueden funcionar mejor para recopilar y proyectar las voces de la ciudadanía de manera más efectiva.


Los Estados centroamericanos continúan enfrentando el desafío de encontrar las mejores formas de facilitar la participación de su ciudadanía en la gestión pública, es decir, a ser parte de la toma de decisiones en los ámbitos de su interés, para garantizar que las políticas públicas o leyes reflejen los intereses colectivos y favorezcan el bien común. Esto se torna relevante porque según estudios de opinión pública, se mantiene la percepción de que no se gobierna para las mayorías, que es lo que una democracia debería hacer. De acuerdo con el Latinobarómetro del 2020, en promedio, el 72% de los centroamericanos consideran que los países están gobernados por unos cuantos grupos poderosos en su propio beneficio. 

Pese a los beneficios que la participación ciudadana podría generar en la gestión pública, como influir en los procesos de políticas públicas, remodelar normas culturales o mejorar la prestación de servicios públicos, poco se está haciendo para su realización. Actualmente en la región predomina la tendencia de gobernantes democráticamente electos que intentan manipular o socavar los mecanismos de la democracia desde adentro para sus propios fines, y están demostrando escasa voluntad política de crear un clima favorable para alentar o favorecer esa participación. Incluso, se están registrando graves retrocesos en la libertad de expresión, la libertad de asociación y la libertad de los medios de comunicación.

Una publicación reciente del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), desde la experiencia acumulada de sus Accelerator Labs en doce países de América Latina y teniendo como objetivo contribuir a lograr las metas de los ODS, invita a repensar cómo los mecanismos de participación existentes pueden funcionar mejor para recopilar y proyectar las voces de la ciudadanía de manera más efectiva.

Esa experiencia parte de iniciativas que cubren una amplia gama de áreas de políticas de desarrollo, que involucran distintos actores sociales y han utilizado una variedad de herramientas.

El documento resalta cuatro lecciones que conviene repasar brevemente. La primera, es la necesidad de pasar de los enfoques consultivos a los colaborativos; requiere no solo consultar a las personas para aprobar algo o para que brinden aportes después de tomar decisiones, sino invertir el tiempo y los recursos necesarios para desarrollar procesos de participación a lo largo de las etapas de planificación, diseño e implementación de un proyecto o una política. Implica crear espacios que permitan una escucha profunda y una inmersión comunitaria, así como garantizar que las decisiones respondan mejor al contexto y a las necesidades, perspectivas y deseos de quienes participan.

La segunda lección es lograr una gestión pública desde una perspectiva centrada en la ciudadanía, para garantizar credibilidad y confianza.

Exige enfoques basados en la empatía que tengan en cuenta las preocupaciones y necesidades de las personas, sus experiencias históricas con el Estado y las emociones relacionadas a partir de esa interacción (como el miedo, la incertidumbre, la frustración, la desesperación, la rabia, la indignación, la tristeza, entre otros). Estos factores juegan un papel en la forma en que los actores sociales abordan su compromiso con ciertos tomadores de decisiones del sector público, siendo necesario establecer un terreno común donde las partes puedan sentirse alineadas hacia un objetivo común y motivadas.

La tercera lección es invertir en el desarrollo de herramientas, habilidades e información relevantes necesarias para ayudar a la ciudadanía a hacer oír sus voces, pero no solo en la construcción de esos mecanismos para la participación, sino también en garantizar que las personas estén equipadas para usarlos y que sus entornos les permitan hacerlo, contemplando la forma de superar eventuales barreras. Por ejemplo, en el caso de la promoción de herramientas digitales para aprovechar las ventajas de las nuevas tecnologías y su impacto masivo para difundir datos e información, resulta imperativo acompañar esfuerzos para expandir la infraestructura digital en el país o para enseñar habilidades digitales, pues existe el riesgo de ocasionar una mayor exclusión y exacerbar desigualdades.

La cuarta lección es la necesidad de asegurar que las expectativas generadas por escuchar a la ciudadanía sean satisfechas por acciones estatales receptivas. Además de institucionalizar los canales de participación (en los que las personas aportan tiempo, esfuerzo y conocimientos), implica garantizar que incorporen algún tipo de mecanismo vinculante para que las autoridades se comprometan a actuar sobre la información generada como resultado de estos procesos. Esto demanda comunicar con claridad desde un inicio cómo se utilizarán los insumos recopilados; de no cumplir las expectativas generadas, puede resultar un mayor distanciamiento y frustración de las personas, agravar la desconfianza y deslegitimar este tipo de iniciativas.

Considerando que en la mayoría de países ha comenzado o está por comenzar la etapa de discusión y aprobación de los presupuestos generales para 2023 en los Organismos Legislativos de Centroamérica, las autoridades responsables de las finanzas públicas y los legisladores bien harían en valorar estas lecciones ofrecidas por el PNUD. Incluso podrían considerar otros estándares como los Principios de Participación Pública en las Políticas Fiscales de la Iniciativa Global de Transparencia Fiscal, para escuchar lo que la ciudadanía puede recomendar y aportar para un mejor uso de los recursos públicos.

 

Carlos Melgar Peña // Investigador / @carlosmelgargt

Esta columna fue publicada originalmente en El Economista, disponible aquí.