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El desafío del desarrollo en la región

En particular, podemos observar cómo durante el bienio 2020–2021, el IDH ajustado por desigualdad disminuyó en todos los países de la región y, bajo esta medida amplia de desarrollo, Guatemala es el país más desigual de Centroamérica, mientras que Costa Rica y Panamá tienen un registro sustancialmente mayor del resto de países de la región, en términos relativos.


Recientemente, el Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) publicó el Informe de Desarrollo Humando 2021/2022, al cual tituló «Tiempos inciertos, vidas inestables. Configurar nuestro futuro en un mundo en transformación». Este informe presenta los resultados del Índice de Desarrollo Humano (IDH), el cual mide la situación de la educación, de la salud y de las condiciones de vida de los países incluidos en su análisis. Dicho índice ha sido elaborado desde 1990 con el objetivo de enfatizar que las personas y sus capacidades deben ser el criterio fundamental para evaluar el desarrollo de un país y no solamente el crecimiento económico.

Los resultados publicados en el informe muestran que, por primera vez en los 32 años que el PNUD lo ha elaborado, el IDH se ha reducido a nivel mundial durante dos años consecutivos, lo cual se traduce en un retroceso en términos de bienestar para la población mundial. En particular, el índice muestra que el mundo ha retrocedido, en términos de bienestar en general, a los niveles que se registraban en 2016. Lo anterior implica que se han revertido los avances alcanzados para la consecución de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) y, por tanto, se ha incrementado la vulnerabilidad para la recuperación y el desarrollo a nivel mundial. El informe señala que más del noventa por ciento de los países registraron un deterioro en los niveles de su IDH en 2020 o en 2021 (y más del 40% de los países a nivel mundial en ambos años), lo cual señala un empeoramiento de las condiciones de vida para muchas personas.

En particular, las razones que explican el deterioro en el desarrollo de los países centroamericanos son la salud y la economía, principalmente. Entre 2019 y 2021, en promedio, los seis países de la región redujeron su expectativa de vida en 2.1 años, 0.8 años por debajo de la región latinoamericana y 0.5 años por encima del promedio mundial. Sin embargo, el comportamiento entre los seis países fue heterogéneo: Guatemala redujo su expectativa de vida en 3.9 años, en contraste con el caso de Nicaragua que la redujo en 0.2 años; mientras tanto, El Salvador, Costa Rica, Honduras y Panamá registraron reducciones del orden de 1.8 años, 2.4 años, 2.8 años y 1.6 años, respectivamente. Por otro lado, en términos del ingreso per cápita, los países de la región registraron un incremento promedio de 0.3% en 2021 comparado con el registro de 2019; sin embargo, el comportamiento entre los países fue heterogéneo. El mayor incremento en el ingreso per cápita fue registrado por Nicaragua (6.9% durante el bienio en cuestión), seguido de Guatemala (2.7%) y Costa Rica (1.5%); en contraste, Panamá registró el mayor retroceso en su ingreso per cápita (-8.1%), seguido de El Salvador y Honduras (-0.5% y 0.3%, respectivamente).

Adicionalmente, a través de indicadores que identifican sesgos políticos, educativos, económicos y de violencia contra la igualdad de género y el empoderamiento de las mujeres, el informe identifica retrocesos en estas áreas. En particular, podemos observar cómo durante el bienio 2020–2021, el IDH ajustado por desigualdad disminuyó en todos los países de la región y, bajo esta medida amplia de desarrollo, Guatemala es el país más desigual de Centroamérica, mientras que Costa Rica y Panamá tienen un registro sustancialmente mayor del resto de países de la región, en términos relativos. Además, el informe identifica que en términos de salud reproductiva, empoderamiento y participación de la mujer en el mercado laboral, Guatemala es el país más desigual, situación que contrasta con el caso costarricense en el que existe mayor apertura para la paridad en términos de género. Aun así, se registraron mejoras en este aspecto durante el último bienio en la región, con excepción del caso de El Salvador que registró un ligero retroceso en términos de estas características que miden la desigualdad en términos de género. Finalmente, de los seis países de la región, solamente Panamá está considerado fuera de caer bajo el umbral de pobreza multidimensional mientras que Costa Rica está cerca de salir del grupo de países que registran esta característica.  Por su parte, de los países de la región CA-4, Guatemala es el país que registra el mayor índice de pobreza multidimensional (0.134), seguido de Honduras, Nicaragua y El Salvador quienes registraron índices de 0.093, 0.074 y 0.032, respectivamente.

El informe señala la dificultad para hacer frente a los desafíos que impuso la pandemia del covid-19.  Por un lado, la puesta en marcha de políticas públicas para disminuir sus impactos abonó a ello pero mediante la implementación de medidas de corto plazo que tienen poca o nula relación con los cambios sistémicos a largo plazo que es necesario adoptar. Por otro lado, la vinculación entre inseguridad y polarización erosiona la construcción del tejido social que es necesaria para el combate de la crisis pues una mayor sensación de inseguridad está asociada con mayor propensión a que las personas caigan en extremismos políticos (de izquierda o de derecha).

Derivado de lo anterior, es oportuno que los gobiernos de la región enfoquen sus acciones de administración pública en las personas; en particular, en garantizar sus derechos humanos y construir sociedades más cohesionadas. Para ello, es conveniente que se impulsen políticas de desarrollo que hagan frente a los niveles de incertidumbre actuales, a través de la construcción de instituciones incluyentes y sostenibles que tracen un nuevo rumbo para la región. Así, políticas dirigidas a fomentar la inversión, la innovación y a asegurar la protección social en la región permitirán que se incrementen las capacidades de las personas y que el desarrollo humano se convierta en una realidad que abone a la construcción de la democracia y del crecimiento y desarrollo económico en Centroamérica.

 

Carlos Alvarado Mendoza // Economista sénior

Esta columna fue publicada originalmente en El Economista, disponible aquí.