El Instituto Centroamericano de Estudios Fiscales (Icefi) presentó un estudio técnico[1]que actualiza la medición de la inversión pública en pueblos indígenas (IPPI). Analiza el cumplimiento de los marcos normativos nacionales e internacionales en materia de derechos de los pueblos indígenas, y de los compromisos adquiridos por el Estado de Guatemala. Además, analiza indicadores socioeconómicos que continúan evidenciando las brechas persistentes en el cumplimiento de esos derechos. Usando datos de 2022, este nuevo estudio mejora la metodología aplicada en realizado en 2017, ampliando los resultados del análisis.

La investigación realizada por el Icefi revela que la IPPI total ejecutada por el gobierno general[2]en 2022 fue de Q21,757.4 millones (USD2,770.0 millones), de los cuales Q14,510.1 millones (USD1,847.9 millones) corresponden a rubros de gasto público social (GPS). En 2022 se ejecutó el 88.8% de las asignaciones presupuestarias para la IPPI total, y el 90.2% de las asignaciones para el GPS incluido en la IPPI, evidenciando un grado considerable de subejecución. En términos de prioridad presupuestaria, en 2022 las asignaciones para la IPPI representaron solamente el 16.6% del presupuesto total, mientras que, en términos macroeconómicos, la IPPI total representó el 2.9% del PIB, y el GPS incluido en la IPPI fue 2.0% del PIB, en contraste con el 14.7% y 7.4% del PIB, respectivamente, para la población no indígena.

Los datos muestran una IPPI centralizada en el departamento de Guatemala, con solamente 13.8% (416,563 habitantes) de población indígena, pero consumió el 20.7% de la IPPI total. Sin embargo, el Icefi advierte que esta concentración se debe, en parte, al hecho de que varias entidades registran sus gastos desde sus oficinas centrales, en la Ciudad Capital, distorsión reflejada en esta centralización alta, en la asignación de los recursos y del registro de su ejecución. Por otra parte, Totonicapán fue el departamento cuya población se identificó en un 98.2% (410,899 habitantes) indígena, pero ocupó la octava posición en la distribución de la IPPI (6.3% del total).

Desde la perspectiva de la clasificación del gasto por su finalidad y función, los rubros de educación son los que tienen más peso en la IPPI, con 53.5% del total (Q7,756.8 millones) en 2022. Le siguió la finalidad de salud con 19.4% (Q2,813.2 millones) y la de protección social con 13.1% del total (Q1,876.3 millones). En conjunto, estas tres finalidades de gasto representan el 85.8% de la IPPI en 2022.

Estos datos evidencian disparidades significativas en la asignación presupuestaria en Guatemala. El Icefi recomienda tomarlas en cuenta para orientar al diseño y herramientas de políticas públicas para mejorar el desarrollo integral de los pueblos indígenas, y avanzar hacia una sociedad más justa y equitativa. El Instituto recomienda al Gobierno incluir en las políticas públicas los compromisos asumidos en el marco normativo nacional e internacional para la garantía de los derechos de los pueblos indígenas. En materia presupuestaria, las entidades rectoras en esta materia deben contar con el financiamiento que les permita, además de operar, ampliar sus alcances en los territorios prioritarios y que más lo requieren.

Aunque el clasificador presupuestario temático en pueblos indígenas es reconocido como un avance importante, el Icefi constató que el acceso a los datos y a la información que contienen es compleja y, prácticamente, inaccesible para usuarios no especializados. Esto dificulta, si no impide, a las propias autoridades de Gobierno, a las organizaciones de la sociedad civil, a la academia, a la cooperación internacional y a la ciudadanía conocer datos fiscales precisos sobre los avances, las brechas y los desafíos para que el Estado provea los bienes y servicios necesarios para garantizar los derechos de los pueblos indígenas. Además de corregir esta falencia, el Instituto recomienda ir más allá, incorporando otros elementos ya existentes dentro de los mecanismos presupuestarios, por ejemplo, la gestión por resultados, indispensable para identificar la vinculación entre el presupuesto y el marco de planificación, las estrategias y las políticas públicas, y con el cumplimiento de sus objetivos y metas. Este esfuerzo es necesario también para complementar el seguimiento y la evaluación de los indicadores sociales que miden las problemáticas actuales, y avanzar en producir mediciones actualizadas y fiables de los avances del Gobierno en la garantía de los derechos de los grupos vulnerables, incluidos sectores importantes de los pueblos indígenas.

El Icefi destaca la necesidad de mejorar el financiamiento de la IPPI. Los datos muestran que más de tres cuartas partes de las fuentes de financiamiento provienen de los ingresos tributarios, por lo que mejorar el financiamiento de la IPPI es un desafío directamente vinculado con el de elevar la carga tributaria, respetando los principios de justicia y equidad tributarias. Simultáneamente al desafío de elevar la carga tributaria, el Icefi insta por redoblar los esfuerzos para buscar espacios fiscales adicionales vía un gasto público más eficiente. Este desafío requiere identificar, medir y corregir los cuellos de botella en la ejecución de los presupuestos, incluyendo la lucha contra la corrupción, la aplicación correcta de la Ley de Contrataciones del Estado,mejorar la planificación y la programación, y asegurar que toda modificación presupuestaria tome en consideración cuidadosa las capacidades reales y las facultades vigentes de las entidades, entre otros aspectos.

El Instituto reconoce el rol importante de los gobiernos locales, por su cercanía a las comunidades. Tienen las mejores condiciones para conocer directamente las necesidades de su población, pueden saber mejor que cualquier otro nivel del sector público cuáles son las brechas de cumplimiento de los derechos de los habitantes de su localidad. La mayoría de los gobiernos locales dependen del financiamiento del gobierno central, principalmente las transferencias establecidas en la Constitución Política de la República y en otras normativas, pero, los datos del estudio muestran que estos recursos son insuficientes para cumplir sus obligaciones constitucionales y atender las necesidades de su población. Por ello, el Icefi insta a las municipalidades a ejercer su autonomía, recaudando los tributos establecidos en la legislación vigente, como una forma de financiar la ampliación de la cobertura en la provisión de bienes y servicios públicos. De la misma forma que el gobierno central, este poder tributario municipal debe ejercerse con apego estricto a los principios de justicia y equidad tributarias, así como de un esfuerzo a gran escala por mejorar sus capacidades técnicas para ejecutar sus presupuestos y realizar operaciones de adquisición pública con estándares y controles de transparencia y de prevención y sanción de la corrupción.

Guatemala, Centroamérica, 27 de agosto de 2025.

Para más información, comunicarse con Mónica Juárez al teléfono (502) 2505-6363 o al correo electrónico monica.juarez@icefi.org

[1]La garantía de los derechos de los pueblos indígenas a partir de las inversiones públicas en Guatemala, disponible en línea: https://icefi.org/publicaciones/la-garantia-de-los-derechos-de-los-pueblos-indigenas-partir-de-las-inversiones

[2]Incluye el gobierno (administración) central, las entidades descentralizadas no financieras y las entidades autónomas, incluyendo las 340 municipalidades. No incluye las empresas públicas y otras entidades del sector público financiero.