Las niñas, niños y adolescentes guatemaltecos se encuentran en una posición de desventaja para poder hacer efectivos sus derechos y libertades. Pese a ello, la IPNA, de acuerdo con el presupuesto aprobado en 2019, sigue siendo el reflejo del continuismo de un Estado de sobrevivencia que es incapaz de garantizar y promover los derechos de las niñas, niños y adolescentes. En ese contexto, para 2019 la IPNA en Guatemala rondaría en un 3.6% del PIB (Q22,737.1 millones), lo que significa que a cada menor de 18 años el Estado le asigna, aproximadamente, Q8.9 diarios (USD 1.19) para garantizar sus derechos y bienestar. Asimismo, desde la perspectiva de la Agenda 2030 para el desarrollo sostenible vinculada con niñas y niños esta cantidad es insuficiente (3.6% del PIB), lo cual es ya un aviso temprano del potencial incumplimiento de la misma. Tanto la IPNA como el financiamiento de la Agenda ODS 2030 para niñez resultan en excesiva concentración, lo cual da cuenta de la falta de integralidad de la política pública vinculada con niñez.