¡Contamos!
Las niñas, niños y adolescentes guatemaltecos se encuentran en una posición de desventaja para poder hacer efectivos sus derechos y libertades. Pese a ello, la IPNA, de acuerdo con el presupuesto aprobado en 2019, sigue siendo el reflejo del continuismo de un Estado de sobrevivencia que es incapaz de garantizar y promover los derechos de las niñas, niños y adolescentes.
Para 2017, el presupuesto público de egresos aprobado asciende a Q76,989.5 millones, con aumentos absolutos en salud y educación. En el área de salud se espera que las asignaciones para los programas de prevención de la desnutrición crónica y recuperación de la salud permitan una reducción de los indicadores de desnutrición crónica y mortalidad materno-infantil, aspecto importante para cumplir con los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS).
Unicef e Icefi entregan el presente documento de análisis del presupuesto ejecutado en 2015 y el presupuesto aprobado para 2016, el cual incluye los retos para su ejecución y gestión, con énfasis en la efectividad de la inversión en niñez y adolescencia.
El estudio busca establecer los costos de las intervenciones necesarias para contribuir a la reducción de la tasa de impunidad, de manera que en los próximos diez años (2014- 2023) el derecho a la justicia muestre avances claros en el país. Para cumplir este propósito, el sistema de justicia debe ser sistémico; es decir, debe iniciar desde la investigación criminal, continuar con la administración de la justicia y, finalmente, contar con un sistema de resocialización eficiente.
GT-022-2015
El Estado guatemalteco invierte sólo Q 6.1 diarios en el desarrollo integral de las niñas y los niños entre los 0 y los 6 años
de edad, cantidad muy por debajo de lo necesario para garantizar su protección y el desarrollo del país.
GUATEMALA. Con el título «Primera Infancia: Alas para el despegue al desarrollo» fue lanzada una nueva edición de la serie ¡Contamos!, que en esta ocasión está orientada al análisis de la inversión pública destinada al desarrollo de la primera infancia (niños y niñas entre 0 y 6 años), y que concluye que la misma ha sido escasa y marginal.
Las inversiones que se logran identificar dirigidas hacia la primera infancia parecen evolucionar con inercia y desarticulación. En contraste con una visión más amplia en materia de derechos, los programas públicos hacia el desarrollo de la primera infancia han sido dotados de presupuestos precarios, lo que impide invertir en transformaciones sociales profundas que eliminen la transmisión intergeneracional de la pobreza.
El presente documento plantea cuáles seguramente serán los parámetros con los cuales se evaluarán los contenidos programáticos de la oferta electoral: los contextos social, económico y político; la situación de los ingresos fiscales y el crédito público, en especial de los ingresos tributarios por ser la principal fuente de financiamiento del gasto público; la situación del gasto público, desde varias perspectivas, por tipo de gasto, por la institución que lo ejecuta o por su finalidad y función.
