• Esta es la versión final que será entregada a los partidos políticos.

En Guatemala, siete de cada diez niños, niñas y adolescentes viven en hogares en situación de pobreza. Desde 2008, Guatemala inició a implementar programas de protección social no contributiva, pero aún no han logrado tener el efecto esperado. La tasa de cobertura de los programas sociales que otorgan beneficios de forma individual en la niñez de 5 a 14 años pasó de 475 por cada mil en 2016 a 283 por cada mil en 2020. Para 2022, el presupuesto vigente a septiembre de la Administración Central para programas de protección social no contributiva en niñez y adolescencia (NNA) asciende a los Q755.8 millones, equivalente al 0.06% del Producto Interno Bruto (PIB) y al 0.4% del presupuesto total de egresos, inversión limitada e insuficiente para la demanda de asistencia social a la NNA en condiciones desfavorables. En un ejercicio elaborado por el Icefi con asocio de Save the Children, se presentan propuestas para mejorar las atenciones en protección social para la NNA, las cuales incluyen ampliar la cobertura de las transferencias monetarias a toda la niñez de 0 a 12 años en situación de pobreza extrema y a toda la niñez y adolescencia con discapacidad (0 a 17 años), y además, eliminar las condicionalidades; ampliar los programas de becas educativas para adolescentes (13 a 17 años) en situación de pobreza extrema, que están estudiando dentro del sistema educativo público; extender los servicios de cuidado en la primera infancia (0 a 6 años), iniciando en los 17 municipios con mayor pobreza. Un cálculo preliminar a grandes rasgos permite estimar que estas propuestas tendrían un costo inicial de implementación del 1.8% del PIB, el cual, con las medidas políticas, legislativas y administrativas necesarias sería posible implementar.