Guatemala es un país con una población muy joven: Una de cada tres personas tiene entre 13 y 29 años (33.6% para el 2021). Esto no siempre será así, en las próximas décadas el porcentaje de jóvenes disminuirá (24.8% en el 2050). Es necesario tomar acciones urgentes para aprovechar la oportunidad única del bono demográfico, lo cual conlleva mejorar sustancialmente la situación de los derechos de las juventudes. Una de las principales maneras de evaluar los esfuerzos que el Estado de Guatemala realiza para avanzar en el disfrute pleno de los derechos humanos de las juventudes es por medio de los presupuestos públicos, pues en ellos se reflejan de manera concreta las verdaderas prioridades de los Estados. En esa línea, el Instituto Centroamericano de Estudios Fiscales (Icefi) en alianza con Plan Internacional Guatemala y Paz Joven Guatemala llevó a cabo este estudio, el cual evalúa cuánto, cómo, en qué y quiénes realizan la inversión pública en las juventudes. Los resultados obtenidos muestran que la inversión pública en las juventudes continúa siendo limitada e insuficiente, las cifras del 2015 al 2021 revelan que varios de los indicadores relacionados con esta inversión muestran escasos avances e incluso varios de ellos han tenido retrocesos, especialmente los relacionados con la inversión directa, siendo esta la que corresponde a programas o actividades diseñados específicamente para las juventudes.