Panamá es uno de los países de Latinoamérica que ha destacado por su dinámica económica en el siglo XXI, convirtiéndose en una de las naciones del mundo que reportan mayor crecimiento económico, estabilidad de precios y, debido principalmente a su dolarización y a la vigencia de regímenes financieros y fiscales con escasa transparencia, en un destino principal de la inversión extranjera directa, especialmente la norteamericana. La dinámica económica ha permitido un rápido crecimiento del PIB per cápita y la mejora en algunos indicadores sociales, lo cual facilitó que Panamá se transformara en pocos años en el segundo país de Centroamérica en materia de desarrollo humano. Lamentablemente, lo anterior no impidió el mantenimiento relativo de altos niveles de desigualdad económica y la persistencia de pobreza, especialmente en el área rural, focalizándose en las mujeres y en los grupos indígenas del país.

 

Con el propósito de contribuir a mejorar la calidad de vida de la población, el actual presidente del país, Laurentino Cortizo, esgrimió durante el período electoral una plataforma política que, al menos en apariencia, estaba dirigida a atender a los grupos más vulnerables. La orientación del presupuesto fiscal aprobado para 2020, las decisiones económicas adoptadas durante su gestión, y sobre todo las puestas en marcha durante la crisis derivada de la pandemia del Covid-19, parece que no se encuentran totalmente en consonancia con las mejoras ofrecidas en materia de bienestar y con el cumplimiento de los Objetivos de Desarrollo Sostenible.

 

El documento analiza la situación económica y fiscal que rodea el primer año de gestión del presidente Cortizo, destacando las debilidades de la gestión fiscal actual y plantea, asimismo, algunas recomendaciones que permitirían la reorientación de la actividad pública con el fin de atender la estrategia electoral definida por el actual mandatario de Panamá.