transparencia
No son hechos aislados, es una política sistemática que busca blindar la opacidad. Y ay de quien se atreva a cuestionar a los funcionarios o exigir sus derechos, como el de la información pública, porque inmediatamente es tildado y atacado a través de la santa inquisición digital.
Lo deseable es que los gobiernos adopten medidas congruentes con el fortalecimiento de los sistemas de adquisiciones y contrataciones que garanticen su efectividad, eficiencia y transparencia. Por eso, resulta preocupante los retrocesos que se observan en El Salvador en esta materia.
Desde el gobierno han anunciado una segunda recompra de bonos que diera la impresión que el gobierno está en una situación financiera tan buena que hasta se puede dar el lujo de pagar anticipadamente. La realidad es muy diferente.
La corrupción en las adquisiciones públicas es un problema prácticamente en todo el mundo. Las diferencias entre regiones y países consisten la forma en la que lo solucionan.
Las respuestas a la mayoría de estas preguntas lamentablemente son negativas, por lo que, en general, hoy los ejercicios de presupuesto o gobierno abierto en general carecen de legitimidad, incluso cuando tuvieron inicios exitosos y muy legítimos. Se parecen más a lo que, en la jerga del gobierno abierto se conoce como open wash, es decir, la manipulación maliciosa con el objetivo de «lavarle la cara» a un gobierno corrupto, antidemocrático, autoritario, represor o abiertamente dictatorial.
El presupuesto público es nuestro, y es uno de los instrumentos de política pública más importantes para la vida de nuestro país.
Debido a la prisa injustificada con la cual se está gestionando en el Congreso de la República, el Instituto Centroamericano de Estudios Fiscales (Icefi) manifiesta la necesidad de discutir y analizar técnicamente la iniciativa de ley número de registro 6141, Ley de Adquisiciones Públicas.[1] El Instituto considera que la Comisión de Finanzas
Pero vivimos en un país en el que la opacidad se ha hecho la norma.
Al tener un impacto directo en la realización de sus derechos y de su bienestar, se esperaría que desde que se empieza a formular, la ciudadanía tuviera a su disposición información sobre el presupuesto.
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