
transparencia

El presupuesto debe atender nuestras necesidades y derechos, no los intereses particulares de nuestros gobernantes. Como ciudadanía tenemos derecho a opinar, participar y exigir transparencia en las decisiones que definen cuántos impuestos se van a recaudar y quiénes los pagarán.

La política salvadoreña se ha convertido en un burdo teatro donde hay personajes que representan una (mala) obra de ficción.
Algunos adoptan papeles donde solo dedican a realizar promesas y declaraciones grandilocuentes para hacerle creer al espectador que su mundo de fantasías es el real. Hay otros que se han tenido que conformar con solo hacer el papel de marionetas o simples macetas.

Esta recesión democrática se refiere al declive y vulnerabilidad a la que han llegado los países de la región latinoamericana.

El Instituto Centroamericano de Estudios Fiscales (Icefi) valora la decisión del Consejo de Gabinete del Organismo Ejecutivo de Panamá de retirar de la Asamblea Nacional el Proyecto 1031 que pretendía sustituir la Ley N° 6 de 2002 sobre Transparencia y Acceso a la Información Pública.[1] Est

El Instituto Centroamericano de Estudios Fiscales (Icefi) expresa preocupación por la decisión del Ministerio de Educación (Mineduc) de derogar disposiciones legales relacionadas con la contratación del personal supernumerario (renglón presupuestario 021), pues estos cambios podrían tener repercusiones en los mecanismos administrativos de contratación de personal, especialmente de docentes, que pueden derivar en el uso de criterios discrecionales y la falta de aplicación de normas de transparencia.

Por este tipo de prácticas no resulta extraño que El Salvador resulte mal evaluado a nivel internacional.

En la política de El Salvador, la verdad se ha ahogado en un mar de mentiras.-
“Nosotros vamos a tener un plan económico post crisis, en donde sorprendamos no solo a nuestro pueblo, sino también al mundo entero» dijo el presidente Bukele. Mentira. De acuerdo con la información oficial, el gobierno ni siquiera tiene un plan.


En un sistema democrático saludable, la separación de poderes es fundamental.
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En medio de un constante bombardeo de mentiras y propaganda disfrazada, una realidad innegable ha caracterizado la administración gubernamental actual en El Salvador: las dificultades financieras.
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A pesar de los esfuerzos por maquillar la situación, las decisiones propias del resquebrajamiento institucional y las improvisaciones han cerrado las puertas del mercado externo financiero, especialmente para recursos de apoyo presupuestario.