En un evento público realizado el pasado martes, el Instituto Centroamericano de Estudios Fiscales (Icefi) por medio de su director, Ricardo Barrientos, presentó el estudio Guatemala: análisis y recomendaciones para el proyecto de presupuesto para 2026, un documento que profundiza y amplía el análisis preliminar publicado en su comunicado del 16 de septiembre de 2025, y ya expuesto ante la Comisión de Finanzas Públicas y Moneda (CFPM) del Congreso de la República el 23 de septiembre pasado.

Durante la presentación, el Icefi destacó que, con base en los últimos datos de recaudación disponibles, la proyección de ingresos tributarios por Q119.8 millardos constituye una mejora técnica respecto de las anomalías de subestimación observadas entre 2021 y 2025. Sin embargo, advirtió que persisten inconsistencias relevantes en la distribución por tipo de impuesto, especialmente en los rubros de “otros impuestos directos” y “otros impuestos indirectos”. Estas distorsiones afectan la base de cálculo de los aportes constitucionales y otros destinos específicos definidos en la legislación, representando una falencia en materia de transparencia fiscal y contraviniendo estándares internacionales.

El análisis muestra que la carga tributaria del país permanece estable en torno al 11.8% del PIB. Según el Icefi, esta tendencia refleja, por un lado, los esfuerzos de la Superintendencia de Administración Tributaria para evitar una caída del indicador y, por otro, la ausencia de políticas gubernamentales encaminadas a elevar la carga tributaria más allá de ese nivel. La ausencia de un aumento en la recaudación implica que la política fiscal expansiva de la actual administración se traducirá en mayores déficits y un incremento en el endeudamiento público, especialmente mediante la colocación de bonos en los mercados de capital.

El Instituto advirtió que, sin una reforma tributaria que fortalezca los recursos destinados al gasto social y la inversión en niñez y adolescencia, el Estado continuará mostrando un compromiso insuficiente con estos grupos poblacionales y con otros sectores que requieren intervención pública.

En cuanto al financiamiento, el Icefi recomendó al Ministerio de Finanzas Públicas (Minfin) profundizar y transparentar las justificaciones técnicas de las excepciones contempladas en el artículo 61 de la Ley Orgánica del Presupuesto, que prohíbe financiar gastos corrientes con deuda pública. Asimismo, instó al Minfin a realizar y publicar un estudio integral de sostenibilidad y vulnerabilidad fiscal que atienda las preocupaciones derivadas del creciente endeudamiento mediante bonos.

Respecto del gasto público, el Instituto enfatizó que no deben aprobarse más aportes extraordinarios a los Consejos Departamentales de Desarrollo (Codede). La experiencia de los ejercicios fiscales 2024 y 2025 ha mostrado que su capacidad real de ejecución se limita a los aportes ordinarios establecidos en ley. También recomendó fortalecer el rol de la Secretaría de Planificación y Programación de la Presidencia (Segeplan) para garantizar que los proyectos presentados por los Codede cumplan con criterios técnicos adecuados. En línea con ello, exhortó al Congreso de la República a derogar el Decreto 7-2025 y a no aprobar el artículo 55 de la iniciativa de ley 6625, por contravenir la Ley Orgánica del Presupuesto y debilitar los controles al gasto ejecutado por los Codede.

Entre los aspectos positivos del proyecto de presupuesto para 2026, el Icefi reconoció las asignaciones dirigidas a salud, seguridad e inversión social. Saludó las propuestas de financiamiento para la recuperación ambiental en el área del pozo petrolero de Xan; la apertura de al menos 20 farmacias del programa de accesibilidad de medicamentos; la modernización de instalaciones y equipamiento de la Policía Nacional Civil, el Sistema Penitenciario y la red de salud; así como el fortalecimiento del Ministerio de Relaciones Exteriores para atender la creciente demanda de servicios de guatemaltecos en el exterior.

También destacó la importancia de los proyectos de inversión en infraestructura, entre ellos la construcción de la línea 1 del metro de la Ciudad de Guatemala; la modernización del Aeropuerto Internacional La Aurora, del Puerto Quetzal y del Puerto Santo Tomás de Castilla; la construcción de 3,000 km de caminos rurales y 1,820 km de carreteras secundarias; nueve institutos de excelencia; y los hospitales de Chiquimula y Sololá. Dado su impacto potencial, el Icefi subrayó la necesidad de mejorar de manera urgente la capacidad de ejecución del gasto público para aprovechar plenamente los recursos disponibles en 2026.

El análisis también revisa las metas físicas asociadas al gasto. El Icefi recomendó al Ministerio de Educación analizar con detenimiento las metas relacionadas con cobertura escolar, y al Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social corregir los recortes en metas de programas esenciales, como prevención de mortalidad infantil, desnutrición crónica y salud materna y neonatal. Asimismo, instó a asegurar coherencia entre las metas físicas y las asignaciones financieras, evitando proponer incrementos de metas acompañados de recortes presupuestarios.

El Instituto también recomendó suprimir o transparentar las ampliaciones preautorizadas contempladas en los artículos 55, 127, 128 y 140 de la iniciativa 6625, estableciendo claramente montos, fuentes de financiamiento y unidades ejecutoras. Según sus estimaciones, la aprobación de esas ampliaciones podría aumentar el techo presupuestario global en más de Q6 millardos. En este sentido, instó al Minfin a institucionalizar la práctica de explicitar el impacto de estas ampliaciones en todos sus informes oficiales.

Finalmente, el Icefi informó que trasladará su estudio a la CFPM para que sea considerado como un insumo técnico independiente en la elaboración del dictamen sobre la iniciativa 6625. El Instituto reiteró su compromiso de contribuir a que el presupuesto estatal para 2026 sea un instrumento eficaz para el desarrollo integral e inclusivo, libre de disposiciones vulnerables o facilitadoras del abuso y la corrupción.

En el panel de discusión se contó con los comentarios de la diputada Sonia Gutirérrez, bancada Winaq; y del diputado Orlando Blanco, de la bancada VOS.