“Permítame agregar señor juez, que ese robo de dinero provenía del pago de impuestos de personas honradas y trabajadoras, incluyendo a quienes estaban en situación de pobreza extrema. Que para saciar mi avaricia decidí, con el poder que tenía como gobernante, no solo robar dinero sino robarle las oportunidades a miles de niños y niñas para que no tuvieran acceso a la educación y, hacer que los hospitales no tuvieran las medicinas que se requerían, pudiendo llegar incluso a provocarle la muerte a algún paciente”, con esas palabras bien pudo haber cerrado el expresidente Elías Antonio Saca, una frívola confesión, donde el tufo de la corrupción ha inundado todo el sistema político salvadoreño.

Las declaraciones del expresidente bien darían para escribir un libro cuyo nombre podría ser “yo, corrupto”. Su hoja de vida mostrará cómo transitó del sector privado al público, de la presidencia de la Asociación Nacional de la Empresa Privada (ANEP) a la presidencia de la República, quizá como analogía que en los actos de corrupción siempre hay actores privados involucrados, tal como ha quedado demostrado, incluyendo el todopoderoso sistema financiero que permitió que pasara toda la podredumbre de la corrupción a través de sus tuberías.

La corrupción no empezó ni terminó con el señor Saca, pero en las manos del sistema judicial está que termine la impunidad: quienes hayan cometido actos de corrupción no solo deben pagar una condena, sino que deben devolver al Estado todo lo robado.

Sin embargo, lo mostrado por la fiscalía puede provocar que el caso “destape de la corrupción” se convierta en el de “la tapadera de la impunidad”. Si contaban con todas las pruebas y recursos como se lo pasaron diciendo en la romería a través de los medios de comunicación ¿por qué aceptar un proceso abreviado? La fiscalía ha defendido que ésta es una potestad legal, pero es un acto ilegítimo, sobre todo si no se recupera el monto total de lo robado.

El fiscal bien haría en comprender que los juicios se ganan en los tribunales, no en los sets de televisión. Y que la reelección se gana con victorias contundentes no con juicios abreviados. Con el mismo ahínco que se debe apoyar a las instituciones públicas en la lucha contra la corrupción, con la misma fuerza se les debe exigir que hagan bien su trabajo. Por ello, en este caso se debe asegurar que cualquier persona, empresa o partido político que haya recibido dinero público proveniente de actos ilícitos reciba su castigo. Y lo mismo debe pasar con todos aquellos que estuvieron en instituciones públicas y se convirtieron en cómplices al no hacer el trabajo que les correspondía. Mención honorífica para quienes fueron magistrados de la Corte de Cuentas. Nadie puede quedar impune. Nadie.

La corrupción no es un acto aislado, está incrustado en el corazón del sistema político y cada actor debe reconocer la responsabilidad que le compete. En pleno proceso electoral los partidos políticos están obligados a rendir cuentas y asumir responsabilidades. Los candidatos presidenciales deben presentar una agenda de transparencia y lucha contra la corrupción creíble y verificable, donde se incluyan medidas como la publicación de las declaraciones patrimoniales, mecanismos de conflicto de interés –incluyendo las puertas giratorias–, la no prescripción de los delitos asociados con la corrupción, así como impulsar las reformas estructurales de  la Corte de Cuentas, Sección de Probidad, Tribunal de Ética Gubernamental y unidades de auditoría interna para tener una institucionalidad pública moderna. Y con esto, devolverle la legitimidad al quehacer de la administración pública frente a la ciudadanía.

Como ciudadanos debemos dejar de seguir pensando que la corrupción es “normal”. No, no lo es. Y debemos abandonar la cultura de: tu corrupto es más corrupto que el mío. Porque al final los perdedores somos los mismos de siempre: los honestos. Si hay un tema que debería unirnos más allá de la ideología, debe ser justamente la lucha contra la corrupción.

Qué el “yo, corrupto” no se convierta en nuestra saga política, depende de nosotros.

Esta columna se publico el 16 de agosto de 2018 en el diario El Mundo de El Salvador