Bajo el paradigma de desarrollo vigente, el diseño de las políticas públicas, incluyendo la fiscal, se ha concentrado en la búsqueda de crecimiento económico en detrimento de la justicia social y la sostenibilidad ambiental. Los incentivos fiscales son uno de los instrumentos que el Gobierno salvadoreño ha utilizado para promover el crecimiento económico. Los incentivos tributarios representan un doble privilegio para los sectores que los reciben: uno fiscal y uno ambiental. En materia fiscal, los incentivos constituyen una violación a los principios tributarios de generalidad, capacidad de pago y equidad, a lo que se le suman problemas de transparencia y gobernanza. En materia ambiental, los incentivos se basan en un marco legal e institucional que no impide que sectores que provocan daños al medio ambiente se beneficien de esa política pública.