niñez y adolescencia
El Instituto Centroamericano de Estudios Fiscales (Icefi) y Save the Children en consorcio con la plataforma Joining Forces, publicaron el tercer informe de monitoreo del presupuesto del Poasan y otras actividades relacionadas con la Seguridad Alimentaria y Nutricional (SAN) en Guatemala, a diciembre de 2022. El informe es un insumo útil para las organizaciones y personas que, desde el sector público o de la sociedad civil organizada, realizan esfuerzos para garantizar los derechos a la alimentación, salud y a la vida de toda la niñez guatemalteca.
Actualmente en Guatemala, alrededor de 4.6 millones de personas se encuentran actualmente en riesgo de inseguridad alimentaria, de las cuales 1.7 millones son niños, niñas y adolescentes. Las autoridades informan que a junio del 2022 se registran 11,343 casos de desnutrición aguda en menores de 5 años y un total de 15 muertes confirmadas.
Uno de los compromisos fundamentales de los Estados en el mundo actual, y de Guatemala en particular, es crear las condiciones para que sus habitantes alcancen y mantengan niveles de desarrollo que les permitan disfrutar de vidas plenas y dignas. Lo anterior se refleja en los objetivos de la Constitución Política de la República de Guatemala, que establece en sus artículos 1 y 2 que el propósito del Estado es organizarse para defender a la persona y a la familia, de tal forma que su fin supremo es la realización del bien común.
Con el apoyo de Save The Children, en 2019, el Instituto Centroamericano de Estudios Fiscales (Icefi) diseñó y elaboró el observatorio de la IPNA. Una herramienta importante para el seguimiento del gasto público que el Gobierno Central destina a la niñez y adolescencia, el cual contiene indicadores e información que permiten medir la ejecución presupuestaria y sus resultados.
Uno de los servicios que se vieron afectados por la pandemia del covid-19 fueron los de educación.
La transformación del país requiere de una construcción colectiva, de diálogos y consensos nacionales, liderados desde el poder público. Cambiar el país requiere que desde el Estado reconozca a cada persona su dignidad y bienestar como el fin último del quehacer público.
A pocos días de conocer el proyecto de presupuesto de 2020, una presentación sobre la inversión pública en niñez y adolescencia (IPNA) revela que esta es insuficiente, para mejorar las condiciones de vida de los niños y niñas. El Instituto reiteró el llamado a que el Proyecto de Presupuesto de Ingresos y Gastos para 2020 sea analizado en función de la responsabilidad del Estado con la protección, promoción y garantía de los derechos de las niñas, niños y adolescentes.
Conocer más sobre el derecho a la salud, la educación y la nutrición nos ayudará a ser mejores personas, y a contribuir para que estos derechos se cumplan.
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