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Un nuevo ciclo escolar inició para millones de niños, niñas y adolescentes, o está a punto de iniciar, en el caso del sector educativo público, que según el Ministerio de Educación (Mineduc), arrancará el 15 de febrero de 2023. Se perfila como un año en modalidad presencial, que no pasaba desde marzo de 2020, por lo que docentes, personal administrativo y centros educativos deberían estar listos y preparados para el desafío.

Además, los datos no mienten, el número de pobres extremos ha aumentado, la cantidad de personas que padecen hambre también y El Salvador es el país que menos crece en toda la región centroamericana.

Esta semana se vencía el plazo para que el gobierno de El Salvador erogara los $604 millones que faltaban de pagar del vencimiento de un bono que se emitió en 2002. Y lo hizo.
El gobierno, utilizando toda su maquinaria de propaganda, ha equiparado este suceso a uno de los más grandes éxitos económicos —quizá sea porque no haya muchas cosas que presumir en este ámbito— incluso dejando entrever que este acontecimiento nunca había pasado anteriormente. Cuando en realidad el país, a excepción de 2017, siempre había cumplido con los pagos de deuda.

Vivimos en un país en el que sus funcionarios, en lugar de conmemorar los Acuerdos de Paz, se dedican a atacar y desacreditar su valor histórico.
Aunque imperfectos e incompletos, esos Acuerdos permitieron poner fin a una guerra que cobró miles de vidas. En lugar de vilipendiarlos, deberíamos aprovechar para reflexionar sobre las tareas pendientes para lograr avanzar en la construcción de una sociedad pacífica.

Para el Instituto Centroamericano de Estudios Fiscales (Icefi) la evaluación de la política fiscal al concluir el tercer año de gobierno del presidente Alejandro Giammattei y de la XI Legislatura, debe evaluarse con base en análisis técnicos y datos verificables. Las cifras preliminares muestran un incremento en la carga tributaria, pero el Icefi advierte que se deben estudiar los factores que lo explican, ya que las estimaciones anticipan que el nivel alcanzado en 2022 no se sostendrá en 2023.

Por otra parte, el gasto público refleja un enfoque de austeridad y representará 24.3% del PIB, menor que el 26.8% esperado para 2022.

Un aspecto que en ocasiones se le pone poca atención en el ámbito de las finanzas públicas es la credibilidad. Y uno de los grandes problemas que tiene actualmente el Ejecutivo es que en el ámbito financiero han perdido la credibilidad.


Costa Rica es reconocida internacionalmente como una de las democracias más sólidas de Latinoamérica y como una de las naciones con más alto nivel de desarrollo social, el que ha descansado históricamente en la construcción de un modelo de bienestar basado en una fuerte participación de la administración pública en la economía del país.

En un contexto donde convergen tantas crisis (sociales, económicas, financieras, ambientales, políticas, de género) lo que se requiere es la construcción de alternativas. Es decir, además de lo que este gobierno está haciendo, ¿cuál es la contrapuesta para la población?
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