La democracia en Guatemala se encuentra en un muy esperanzador punto crítico, con implicaciones para el resto de Centroamérica, y, ciertamente, para el mundo entero.

El 25 de junio de 2023, Guatemala celebró sus elecciones generales, en las que se eligieron al presidente y vicepresidente de la República, la nueva legislatura y las corporaciones municipales. De conformidad con la legislación vigente en ese país, como ninguna candidatura presidencial y vicepresidencial superó la mitad más uno de los votos válidos, el 20 de agosto se realizó un balotaje. Considerado el proceso electoral más observado de la historia de Guatemala, todas las misiones de observación electoral, nacionales e internacionales, coincidieron en que, tanto las elecciones generales del 25 de junio, como el balotaje presidencial del 20 de agosto, fueron comicios legítimos y transparentes, verdaderas fiestas cívicas y democráticas.

Como lo ha hecho en los procesos electorales recientes, el Instituto Centroamericano de Estudios Fiscales (Icefi) analizó las propuestas de planes de gobierno de los finalistas de la elección presidencial, Sandra Torres del partido Unidad Nacional de la Esperanza, y Bernardo Arévalo, del partido Movimiento Semilla. Como un hecho histórico inusitado, las propuestas de ambos partidos se posicionan en el centro o en el centro-izquierda, con componentes fuertes de protección social y gasto público en los sectores sociales prioritarios, inusual en una sociedad con décadas de dominio de partidos posicionados a la derecha del espectro ideológico.

El Icefi destacó como un avance importante de este proceso electoral guatemalteco que las propuestas de planes de gobierno de ambos contenientes del balotaje de la elección presidencial mostraron un sustento técnico relativamente alto, incluyendo metas específicas y medibles, estimaciones del costo fiscal de la mayoría de su oferta electoral. Aunque, persistieron debilidades en cuanto a identificar las fuentes de financiamiento previstas para cubrir el costo de cumplir las promesas electorales.

Los resultados preliminares de la jornada del 20 de agosto muestran como virtual ganador y presidente electo a Bernardo Arévalo, con el 60.5% de los votos válidos (descontando votos nulos y blancos), una victoria sanamente contundente sobre el 39.5% de los votos válidos de su contrincante.  Para muchos, un resultado con implicaciones históricas importantes, por ser hijo de Juan José Arévalo Bermejo, presidente de Guatemala de 1945 a 1951, uno de los dos mandatarios de la llamada primavera democrática de Guatemala, resultado del proceso revolucionario de 1944 que logró derrocar la larga dictadura militar de Jorge Ubico. Se espera que en pocos días este resultado sea definitivo, cuando el Tribunal Supremo Electoral guatemalteco oficialice los resultados, luego de los procesos de revisión de actas, resolución de impugnaciones y otras formalidades.

Con un resultado electoral tan contundente, el reconocimiento nacional e internacional no se ha hecho esperar. Gobernantes de muchos países felicitaron a Arévalo a pocas horas del cierre de las urnas y de un proceso de conteo de votos rápido y eficiente. Casi todos los sectores económicos y sociales guatemaltecos han reconocido la victoria de Arévalo, por igual los afines como los percibidos como adversarios ideológicos. El propio presidente guatemalteco aún en el poder, Alejandro Giammattei, felicitó a Arévalo reconociendo los resultados preliminares, y una vez el Tribunal Supremo Electoral los oficialice, ofreció iniciar el proceso de transición, reiterando su compromiso por entregar el poder el próximo 14 de enero de 2024, de conformidad con lo establecido en la Constitución Política y las leyes vigentes.

Todos estos elementos invitan a ofrecerle a Guatemala una ovación de pie por una demostración de avance y desarrollo democrático ejemplar. Un paso decisivo a superar el proceso regresivo en el que se estaba hundiendo, acercándose demasiado a las acciones autoritarias y antidemocráticas que plagan a El Salvador, pero de manera aguda y trágica, a Nicaragua.

Sin embargo, lamentablemente, Guatemala todavía no puede cantar victoria, y el aplauso está contenido por anomalías, amenazas y riesgos graves. Pese al reconocimiento masivo de la legitimidad y validez de los comicios y los resultados, el proceso electoral se encuentra bajo el ataque de algunos grupos ideológicamente posicionados a la derecha ultra extrema, casi de corte fascista; algunas iglesias neopentecostales de corte fundamentalista y casi fanáticas; exmilitares vinculados, o ya directamente acusados y procesados judicialmente por crímenes de lesa humanidad y genocidio; uno que otro empresario, casi renegados de las gremiales formales que han reconocido los resultados; funcionarios corruptos, desesperados por cuotas de impunidad, entre otros pocos sectores antidemocráticos y corruptos.

Normalmente estos grupos, cada vez más aislados y expuestos, no deberían ser capaces de poner en peligro un proceso electoral, ya ampliamente reconocido por su legitimidad y validez. El problema es que los grupos que reniegan de la voluntad legítima del electorado guatemalteco, mantienen capturado al Ministerio Público, ejerciendo control ilegítimo de fiscalías muy importantes como la Especial Contra la Impunidad.

Desde un Ministerio Público capturado, con fiscalías actuando como sicarios judiciales, este grupo ha fabricado acusaciones y casos, ejecutando un ataque de persecución penal espuria en contra del partido político ganador de la elección presidencial, el Movimiento Semilla, y de las propias autoridades, trabajadores y voluntarios del Tribunal Supremo Electoral. Además, utilizando cuentas anónimas en redes sociales, los denominados net centers, ejecutan una campaña agresiva de difamación, intimidación y desprestigio en contra de ese partido político y de la autoridad electoral.

En este contexto, la democracia aún no triunfa en Guatemala. Hoy, por inverosímil que luzca, se enfrenta una ciudadanía que acudió a las urnas, votó y eligió, contra un grupo, relativamente reducido de fascistas, corruptos, criminales de guerra y fanáticos religiosos que usan a la fiscalía capturada como arma antidemocrática y represiva en contra de la ciudadanía. Por supuesto, se espera que prive la sensatez y que la voluntad ciudadana y popular derrote al poder de la amenaza, la intimidación y el soborno.

Mientras tanto, el mundo, y el resto de Centroamérica, observa. Por supuesto, las consecuencias inmediatas y directas del desenlace del proceso guatemalteco, recaerá sobre su ciudadanía. Pero, no deben descartarse impactos en el pueblo oprimido de Nicaragua y los sectores afectados de El Salvador y del resto de la región.

Ricardo Barrientos // Director Ejecutivo

Esta columna fue publicada originalmente en El Economista, disponible aquí.