El Instituto Centroamericano de Estudios Fiscales (Icefi) hace un llamado público a los diputados al Congreso de la República a no aprobar la iniciativa de ley número de registro 4729, presentada recientemente por el Organismo Ejecutivo. En esta iniciativa de ley, el presidente de la República propone al Legislativo aprobar una reducción del presupuesto de ingresos para 2013 en Q 1,410.3 millones por la merma en la recaudación tributaria, facultando al Ministerio de Finanzas Públicas a reducir el presupuesto de gastos de las entidades de gobierno, según sus porcentajes de ejecución presupuestaria. La iniciativa de ley 4729 propone además aprobar el préstamo de US$ 200 millones acordado con el Banco Internacional de Reconstrucción y Fomento (BIRF) y el préstamo de US$ 237.2 millones acordado con el Banco Interamericano de Desarrollo (BID).

Estos dos préstamos fueron incluidos como parte de las fuentes de financiamiento del gasto público que el Congreso de la República aprobó en el presupuesto para 2013. El Icefi advierte que la aprobación de estos préstamos ya fue propuesta legislativamente con anterioridad: el préstamo del BID mediante la iniciativa de ley número de registro 4591, y el del BIRF mediante la iniciativa de ley 4594. Por otro lado, la iniciativa de ley propone ampliar la emisión de bonos del Tesoro para 2013 en Q 3,500 millones, adicionales a los Q 5,416.5 millones ya emitidos y colocados en lo que va del año.

Este nuevo endeudamiento público bonificado estaría destinado a financiar una ampliación por el mismo monto del presupuesto del Ministerio de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda, destinados exclusivamente a inversión. El Icefi advierte que el destino para inversión de los nuevos bonos por Q 3,500 millones, confirma que los contratos de la denominada «deuda flotante» no constituyen deuda pública, ya que de lo contrario el presupuesto que el Ejecutivo estaría proponiendo ampliar sería el de amortizaciones de la deuda pública, y no el de inversión. Esta simulación presupuestaria reitera el carácter ilegal y anómalo de esos contratos, y si el Congreso de la República llega a aprobar la iniciativa de ley 4729, prácticamente estará «legalizando» contratos anómalos e ilegales, haciéndolos presupuestariamente indistinguibles de contratos legítimos para obra nueva.

Por otro lado, el Instituto advierte que la emisión y colocación de bonos por Q 3,500 millones recibió opinión favorable de la Junta Monetaria, pero condicionada a que el déficit fiscal no supere el 2.2% del PIB en 2013 y 2014. El Icefi señala que la aprobación y ejecución de todas las propuestas contenidas en la iniciativa de ley 4729, resultaría en un aumento del déficit fiscal, el cual se situaría en 2013 en torno al 2.9% del PIB, claramente violando la condición bajo la cual la Junta Monetaria opinó favorablemente al nuevo endeudamiento. El Icefi hace un llamado a la Junta Monetaria a pronunciarse públicamente sobre esta violación a la condición planteada a su opinión favorable. Finalmente, el Icefi propone que en lugar de aprobar la iniciativa de ley 4729, el Congreso: 1) apruebe las leyes de transparencia; 2) apruebe los préstamos con el Bid y el Birf, dando trámite a las iniciativas de ley originales (números 4591 y 4594); y, 3) exija a la Contraloría General de Cuentas auditorías, contrato por contrato, y deducción de responsabilidades por las ilegalidades cometidas, antes de realizar cualquier pago. 

Propuesta del Icefi para Solucionar el problema de la «deuda flotante»: 8 criterios técnicos a seguir

ANTES de realizar cualquier pago o contratar nuevo endeudamiento, se recomienda: 1. Que el Congreso de la República apruebe las leyes de transparencia para fortalecer la legislación vigente

• Iniciativas de ley números de registro 4461 y 4462
• Explicitar sanciones por violar la Ley de Contrataciones del Estado o la Ley Orgánica del Presupuesto

2. Alto grado de coordinación interinstitucional

• Congreso de la República
• Contraloría General de Cuentas
• Ejecutivo: principalmente el Ministerio de Finanzas Públicas y el Ministerio de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda

3. Auditoría especial realizada por la Contraloría General de Cuentas

• La “auto auditoría” realizada por el Ministerio de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda no es suficiente
• Transferirle más recursos a la Contraloría General de Cuentas para realizar esta tarea
• Debe verificar el proceso administrativo y aplicar sanciones pecuniarias o presentar denuncias penales, según la ley y cuando corresponda
• Con el apoyo de un equipo multidisciplinario, debe verificar e inspeccionar físicamente la calidad de las obras
• Certificar a los contratos que hayan superado los controles como libres de gravámenes

4. El Ministerio Público debe investigar los casos penales y llevar a juicio a quienes tengan responsabilidad penal 5. Elaborar un padrón público de contratistas 6. Con base al padrón de contratistas, el Ministerio de Finanzas Públicas debe coordinar la elaboración de un plan y calendario de pagos

• Identificando fuentes de financiamiento
• Minimizando los riesgos de insostenibilidad y otros para las finanzas públicas y la economía en general
• Incorporar el plan de pagos a la programación financiera del Gobierno

7. Entonces, y sólo entonces, iniciar el proceso de pagos

• Sólo para los contratos certificados por la Contraloría General de Cuentas como libres de gravámenes y luego de sancionar ilegalidades

8. El plan multianual de pagos debería iniciar en 2014, luego de la auditoría (no hay prisa)

• El Ejecutivo debe proponer las asignaciones presupuestarias para estos pagos en su proyecto de presupuesto para 2014
• El Congreso las aprobaría cuando apruebe el presupuesto para 2014 y adelante