

El Salvador: el Icefi recomienda medidas para mejorar la propuesta del Ejecutivo para minimizar los impactos económicos del COVID-19
El Instituto Centroamericano de Estudios Fiscales (Icefi) ha revisado las medidas anunciadas por el gobierno salvadoreño para minimizar los impactos del COVID-19. A criterio del Instituto, es indispensable contar con un plan técnicamente sustentado, que calcule los costos e identifique las fuentes de financiamiento, que aborde de manera integral los desafíos de sanidad, económicos y de protección social. Dadas las características de la economía salvadoreña, la política fiscal es la única herramienta con que cuenta el Estado para enfrentar esta crisis, por lo que debe utilizarse de manera estratégica y responsable.
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Para el Icefi algunas de las medidas anunciadas por el gobierno salvadoreño son adecuadas. Sin embargo, para mejorar su efectividad, el Instituto propone cambios en su implementación. Aunque reconoce que la situación es excepcional, recalca la importancia de evitar la improvisación, por lo que las medidas a adoptar deben responder a un plan que contenga medidas de corto, mediano y largo plazo elaboradas con rigor técnico, que calcule costos e identifique fuentes de financiamiento. El Icefi sostiene que cualquier medida económica debe responder al criterio de justicia social, tal como lo establece la Constitución de la República de El Salvador.
El Instituto saluda la decisión de postergar los pagos de los servicios de agua, energía eléctrica, telefonía e Internet, pero lamenta que a cambio de esto se haya aprobado una postergación del pago de impuesto de las empresas distribuidoras de energía eléctrica y telefónicas, incluyendo el pago del impuesto sobre la renta (ISR) de 2019. En estos momentos, es fundamental asegurar que el Estado cuente con la máxima cantidad de recursos disponibles, pero además que las medidas que se adopten en el ámbito tributario respeten el principio de capacidad de pago. Tomando en cuenta que las empresas de estos rubros han sido las primeras beneficiadas y que se encuentran en una posición privilegiada, al no ser afectadas por las medidas adoptadas, respecto al resto del sector empresarial, el Instituto recomienda que la postergación de pago de estos servicios sea de manera generalizada entre la población y no se limite a los criterios de afectación directa que ha anunciado el Ejecutivo que lo pudieran hacer más ineficiente.
Sobre la construcción de un hospital en las instalaciones del Centro Internacional de Ferias y Convenciones (Cifco), con un costo de por lo menos USD70.0 millones, que estará listo en las próximos meses; el Icefi recomienda que tomando en cuenta el volumen de la inversión, este hospital quede funcionado permanentemente y no solo de manera temporal; también es importante aumentar los recursos —humanos, materiales y financieros— destinados al sector público de salud, en todo el territorio nacional. Asimismo, una parte del financiamiento proviene de un préstamo del Instituto Salvadoreño del Seguro Social (ISSS) hacia el Gobierno Central, por lo que el Instituto recomienda sean restituidos a la brevedad posible para no desfinanciar al ISSS, pues ante la epidemia sanitaria que se atraviesa, es necesaria la alineación de todos los subsistemas de salud.
El Instituto aplaude el anuncio de una transferencia monetaria a las familias, pues ayudará a que la cuarentena no deje a muchas personas en situación de pobreza. Según el Ejecutivo, el costo sería alrededor de USD450.0 millones y beneficiaria a 1.5 millones de hogares, aunque hasta el momento no está claro el mecanismo de selección de beneficiarios. Tomando en cuenta la urgencia de transferir estos recursos, el Icefi recomienda que se canalicen por medio de un programa de renta básica universal temporal de USD70.0 por persona. Esta propuesta sería más eficiente, pues para las personas adultas sería necesario solo el Documento Único de Identidad (DUI) y en el caso de menores de edad, la partida de nacimiento o en su ausencia los registros del sistema de educación, el sistema de salud o la base de datos del Registro Único de Participantes (RUP). De acuerdo al Centro Latinoamericano y Caribeño de Demografía (Celade) y la División de Población de las Naciones Unidas (DPNU), la población total en El Salvador asciende a 6.48 millones de personas, lo que implicaría que el costo de esta medida sería de alrededor de USD454.0 millones. Como estos recursos lo recibirían todas las personas, incluyendo aquellas con ingresos altos, se propone además que para estas personas (quienes declaren una renta neta superior a los USD9,142.87 anuales), esta transferencia les aparezca como un débito fiscal en su declaración del impuesto sobre la renta de 2021 y estos recursos se destinen el fortalecimiento del sistema de salud y asistencia social.
En cuanto al financiamiento de las medidas de emergencia, en un principio la solicitud fue de USD2,000.0 millones (7.3% del PIB), pero posteriormente el Ejecutivo pidió que se aumentara a USD5,000.0 millones (18.3% del PIB). Tomando en cuenta la magnitud de los montos solicitados, para la legitimidad social de este endeudamiento es fundamental conocer con precisión cuál será el destino de dichos recursos y asegurar que sean utilizados de manera eficiente, efectiva y transparente.
El Icefi reconoce que los recursos actuales de la Administración Pública son insuficientes. Además, la economía salvadoreña está dolarizada, por lo que para evitar problemas de liquidez es necesario solicitar endeudamiento externo. Sin embargo, previo a esta crisis las finanzas públicas ya se encontraban en una situación muy difícil, por lo que debe evitarse que el endeudamiento externo de emergencia la agrave aún más, una condición clave para la recuperación en los años próximos. El Instituto recomienda priorizar el endeudamiento en términos concesionales y condiciones blandas con organismos financieros internaciones y préstamos bilaterales, incrementando el espacio fiscal en los presupuestos futuros. La colocación de bonos en los mercados internacionales deberá ser la última opción tomando en cuenta las tasas de interés a las que El Salvador pudiera contratar. Se estima que si la totalidad de los USD5,000.0 millones se obtuvieran por bonos, el próximo año el servicio de la deuda pública podría alcanzar el 10.0% del PIB, un costo de oportunidad demasiado alto en el presupuesto público, que perjudicaría la atención de las necesidades de la población.
Para el Icefi, es motivo de preocupación que a la fecha no se haya solicitado readecuar el presupuesto para aumentar los recursos del Ministerio de Salud (Minsal). Recomienda corregir el orden de las prioridades del presupuesto, transfiriendo las asignaciones presupuestarias en rubros no prioritarios a favor del Minsal. Por ejemplo, el Icefi considera que son rubros no prioritarios la compra de equipo militar, los viajes al exterior, los seguros privados de salud, la publicidad no relacionada a temas de salud y la compra de cualquier bien o servicio no indispensable.
Finalmente, el Icefi reitera sus propuestas de medidas de corto, mediano y largo plazo publicadas en su comunicado del 20 de marzo de 2020,[2] así como utilizar todas las herramientas disponibles en la legislación vigente para garantizar el bienestar de todas las personas y apoyar a las micro, pequeñas y medianas empresas. La crisis actual también es una oportunidad para transitar hacia una sociedad más desarrollada, inclusiva y sostenible.
El Salvador, Centroamérica, 26 de marzo de 2020
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