

Un pacto por la educación integral
Ningún país en el mundo ha logrado transitar hacia el desarrollo sin más y mejor educación. Los países del sudeste asiático (los llamados Tigres Asiáticos) permiten ilustrar un despegue social y económico en menos de 30 años, que implicó una serie de reformas en sus instituciones públicas y que contribuyeron a cimentar el incremento de capacidades en sus ciudadanos. Por ejemplo, Corea del Sur se las arregló para proporcionar seis años de educación, como mínimo, a prácticamente todos los niños y niñas desde la década de 1960, lo anterior supuso un gasto público en educación pública que creció sostenidamente, del 3.4% del PIB en 1970 a 5.1% en 2015; ese mismo año (2015), en Guatemala el presupuesto apenas rondaba el 3.0%. Hoy de acuerdo a cifras del PNUD, cada ciudadano de Corea tiene una expectativa de escolaridad de 16.6 años, mientras en Guatemala apenas alcanzó 10.7 años.
Es lógico inferir que se deben realizar esfuerzos para destinar más recursos a la educación pública, puesto que es necesario garantizar el derecho a la educación también a los 4.1 millones de niños y niñas guatemaltecos fuera del sistema escolar. Para 2018, se tiene en la agenda legislativa la discusión de un Pacto Colectivo (Iniciativa de Ley No. 5438) que implica una ampliación del presupuesto 2018 por Q961.8 millones para el Ministerio de Educación (Mineduc) y que tiene como destino financiar un incremento del 5% al salario nominal del personal del Mineduc (todo el personal, incluso de las autoridades ministeriales: el ministro y sus viceministros), el otorgamiento de una bonificación de profesionalización (Q500 mensuales para profesores que impartan clases en la especialidad de su profesorado) y de un bono único (Q2,500 para los 134,006 empleados durante diciembre), entre otros beneficios.
Lo anterior supone de alguna manera un mayor gasto en educación que aumentaría en 0.2% del PIB (hasta alcanzar un 2.5% del PIB para el Mineduc). Sin embargo, cuando se realizan negociaciones colectivas con los recursos públicos y no se transparenta cómo se trazará el mejoramiento en los servicios públicos que se brindan a la población, así como los avances en el fortalecimiento institucional producto de esas negociaciones (y que se establecía en el Artículo 94 que aborda las Negociaciones de condiciones de trabajo entre entidades del Estado y organizaciones sindicales y de trabajadores de la Ley del presupuesto vigente para el ejercicio fiscal 2018, Decreto 50-2016), resulta imposible el abordaje integral de la educación pública en un horizonte que trascienda la urgencia o el corto plazo.
Esas decisiones sin la participación de todos los sectores que tengan algo que decir (léase maestros, padres de familia, estudiantes, gobierno, organizaciones de la sociedad civil, entre otros), no solo compromete el futuro de los niñas y niños –sujetos activos del desarrollo–, sino también la ya débil situación de las finanzas públicas al imponer un gasto recurrente, que se adiciona al elevado nivel de rigidez existente: se estima para 2018 que el 90% de los ingresos corrientes tienen compromisos legales o constitucionales.
Aunque se ha justificado que el financiamiento de la ampliación para honrar el pacto provendrá de la recaudación tributaria lograda por encima de la meta, dada la no aprobación del presupuesto para el período fiscal en curso, lo cierto es que no se detalla la integración de los impuestos cuyo ingreso se prevé aumentar. De tal manera como lo ha señalado Icefi, si bien la recaudación de 2018 excederá lo recaudado en 2017 en Q1,500.2 millones por encima de la meta actual; pesan sobre esos recursos una serie de destinos específicos que alcanzarían aproximadamente Q887.7 millones, quedando cerca de Q612.5 millones que podrían utilizarse para el pacto, es decir, Q349.8 millones menos del monto necesario para la ampliación propuesta en la iniciativa. Además, se hace necesario negociar esos compromisos de metas adicionales de recaudación con la Superintendencia de Administración Tributaria (SAT), no obstante dada la coyuntura política del país y la salida del anterior jefe de la SAT (por no cumplir con las metas de recaudación), puede ser un aliciente para no aceptar la imposición de los nuevos compromisos adicionales de impuestos. Si no se clarifican esas interrogantes acerca del financiamiento para el pacto colectivo se correrá el riesgo de no contar con suficientes recursos y ello implicará quitar espacios fiscales a otras instituciones con funciones importantes para el desarrollo, relacionados con salud, protección social, seguridad, entre otros.
Es justo reconocer las luchas por las reivindicaciones salariales del magisterio nacional, pues es un derecho inalienable del trabajador. Los maestros reciben actualmente un salario con escalafón que oscila entre Q3,646 (Escalafón A) y Q8,203 (Escalafón F, al que se llega después de 20 años de trabajo). Aunque en Guatemala hay una buena cantidad de la población que no alcanza el salario mínimo (Q2,992 para actividades agrícolas y no agrícolas y Q2,758 para actividades exportadoras y de maquila), lo cierto es que los maestros que ganan menos se encuentran al filo del piso de protección mínima (a abril de 2018 la canasta básica alimentaria llegó a Q3,520 y la ampliada –que incluye otros tipo de bienes y servicios como el transporte– Q8,127.8). Por otro lado, este derecho debe ir acompañado de una obligación de parte de los trabajadores magisteriales en el sentido de mejorar la calidad del servicio público que prestan.
La situación compromete la realización de un gasto que no está sujeto a metas ni resultados (un incremento en la matriculación, mejoras sustantivas al sistema educativo público, entre otras). Así se debe tener en cuenta condiciones que incluyan la verificación de la calidad del gasto y coherencia con las políticas y planes de gobierno en materia educativa. Para que el derecho a la educación sea una realidad debemos construir un sistema educativo que transite con un abordaje integral.