El incendio ocurrido el 8 de marzo de 2017, en el Hogar Seguro Virgen de la Asunción, que segó la vida de 41 niñas y adolescentes -y dejó a otras 15 gravemente heridas- dejó secuelas no solo para ellas y sus familias.  También impactó a una sociedad que observó con asombro que el Día Internacional de la Mujer, en una institución creada para cuidar, dar atención y protección a menores de edad institucionalizadas, haya ocurrido un siniestro de tal magnitud.

Se les llama menores de edad institucionalizados a la niñez y adolescencia que está internada o  recluida en algún centro especial por razones de conflicto con la ley, o por sufrir violencia en el ámbito familiar o comunitario. Se estima que en el país hay 5,000 personas menores de edad en esta condición. En Guatemala existen cuatro centros especiales de custodia de adolescentes en conflicto con la ley penal, y cuatro centros de protección y abrigo para niñez y adolescencia que ha sufrido violencia física, sicológica, sexual; o con problemas de discapacidad física y mental y abandono familiar. Uno de estos es el Hogar Seguro Virgen de la Asunción, en el cual se encontraban unos 600 menores de edad al momento que ocurrió la tragedia.

El hacinamiento y otras inadecuadas condiciones incidieron en que las 56 niñas y adolescentes víctimas de la tragedia hayan escapado del albergue una noche antes; lo cual derivó en un operativo policial para devolverlas al centro donde luego las encerraron bajo llave, sin posibilidad de escapar del incendio. Sin embargo, la crisis institucional detrás de esta tragedia no debe verse solo en la Secretaría de Bienestar Social (SBS), como entidad responsable de los centros de protección para menores de edad. Hay también otras instituciones que hacen parte de los temas de prevención y protección de menores de edad institucionalizados. Estos son el Organismo Judicial, el Ministerio de Gobernación, la Procuraduría General de la Nación (PGN), el Ministerio Público, la Secretaría contra la Violencia Sexual, Explotación y Trata de Personas (SVET), y el Instituto de la Defensa Pública Penal (IDDP). Estas, junto con la SBS, juegan un importante rol en la toma de decisión sobre la institucionalización de un menor de edad; pero también en brindar protección y atención preventiva; y atención psicosocial para quienes sufren violencia, y para quienes puedan ser vulnerables a abusos sexuales y trata de personas. 

Este conjunto de instituciones recibieron en 2017 un presupuesto de Q296.5 millones, específicamente destinado a la protección especial de menores de edad. No obstante, la ejecución de esos recursos -al cierre de ese año- fue de 88%. Y cuando se va el detalle de la ejecución, se puede encontrar que las actividades donde menos se gastó recursos, son aquellas fundamentales para reducir la institucionalización de menores de edad.

Dentro de la legislación guatemalteca, existen otras opciones a la institucionalización, como la adopción. Sin embargo, el Consejo Nacional de Adopciones fue en 2017 la institución que menos ejecutó su presupuesto destinado a protección especial a niñez y adolescencia –gastó solo 79% de sus recursos-. Y las dos actividades en que menos se gastó fue en «Seguimiento a madres y/o padres biológicos que conservaron o se reunificaron con su hija o hijo» –con un 46% de ejecución-. Y con apenas 17% ejecutado, la actividad de «asesoría post-adoptiva» fue en la que menos utilizó sus fondos esta entidad. Estos datos podrían apuntar a que la niñez y adolescencia que ha encontrado en la adopción y la reintegración familiar una posibilidad de no ser institucionalizados, están en algunos casos en situación de vulnerabilidad, y sin acompañamiento del Estado.

La niñez y adolescencia que es enviada a los centros de protección y refugio del Estado, llegan ahí en muchos casos por sufrir violencia y abuso físico y sexual. No obstante, existen denuncias de las familias, y de instituciones como la Procuraduría de Derechos Humanos, Unicef y ONU Mujeres, de que esta violencia continúa en los centros de protección. Incluso, la fiscalía del Ministerio Público a cargo del caso ha señalado que investigan si en el Hogar Seguro Virgen de la Asunción operaba una red de trata de personas; de acuerdo a algunos testimonios recibidos. Esto debiera demandar una mejor atención de las instituciones; sin embargo, en 2017 el Ministerio de Gobernación –que ejecutó sólo 81% de su presupuesto destinado a la protección especial de la adolescencia-  utilizó para la actividad «Servicios de apoyo a los centros de apoyo integral de las mujeres sobrevivientes de violencia» solo 62% de sus recursos. Mientras tanto, el Instituto de la Defensa Pública Penal tiene su menor ejecución presupuestaria, apenas un 79%, en la actividad de «Asistencia legal gratuita para víctimas de violencia y sus familiares».

Todas estas cifras llevan a cuestionarse si existen planes de acción adecuados y coordinaciones entre las instituciones, para atender a la adolescencia que es víctima de violencia; pues la eficiencia del gasto no da muestra de buenos resultados.

En tanto, el presupuesto de la Secretaría de Bienestar Social deja también resultados negativos en cuanto a la eficiencia. Esta entidad inició el año 2017 con una asignación presupuestaria de Q225 millones de quetzales. Sin embargo, en junio de ese mismo año recibió –tras la tragedia del Hogar Seguro Virgen de la Asunción- un incremento de Q58 millones que servirían para atender los desafíos de mejorar las condiciones de los centros de protección especial, tanto para niñez y adolescencia víctima de violencia y abandono, como para quienes tienen conflicto con la ley. Sin embargo, para noviembre del mismo año solo se había ejecutado 60% del presupuesto, por lo cual al cierre del año fue reducido su presupuesto nuevamente a Q228 millones. En tanto, el rubro específico del presupuesto para atender el impacto de la tragedia, tuvo al cierre del año una ejecución de 46%; pero si no se hubiera hecho esa reducción en la asignación al final del año, la ejecución hubiera sido apenas de 27%; lo cual muestra no solo ineficiencia sino una grave lentitud en atender la crisis.

Por otro lado, Icefi contabilizó que durante 2017, la SBS anuló 13 concursos de cotización y/o licitación por errores internos en el procedimiento de adquisición. Esto como una clara muestra de la debilidad que tienen estas instituciones para manejar sus recursos y dar respuesta a las demandas que tiene la niñez y adolescencia institucionalizada, o en riesgo de estarlo.

El Gobierno de Guatemala, luego de la tragedia se comprometió con un Plan Nacional de Respuesta, elaborado en coordinación con sociedad civil y entidades como Unicef; y éste plantea, entre otras cosas, crear doce centros de acogimiento residencial; cuatro centros de respuesta rápida de 72 horas, además de la activación del Programa de Acogimiento Familiar. Estos desafíos en definitiva requieren de mejorar la eficiencia y eficacia en el manejo de los recursos. Para el 2018, el presupuesto que las instituciones tienen para la protección especial de niñez y adolescencia es de Q308.2 millones. Sin embargo, si se mantuviera el mismo porcentaje de ejecución de 2017, se estará ante un presupuesto sin mayor modificación. Esto sin duda, hará casi imposible atender la situación de emergencia en la que permanecen las niñas, niños y adolescentes institucionalizados. Y aún menos probable es que se echen andar los otros programas que eviten su institucionalización.

Secretaría de Bienestar Social: Presupuesto asignado, vigente, devengado y ejecutado en 2017

 – en millones de quetzales y porcentaje de ejecución-