El Salvador es uno de los cinco países del mundo en los que el aborto es prohibido de forma absoluta. En veintinueve países, como España, lo han despenalizado totalmente. En medio de estas dos posiciones extremas se encuentra el resto de países, en los que se permite en casos excepcionales.

La prohibición total aplica incluso en los casos de embarazos producto de la trata de personas, de peligro mortal de las madres, de vida extrauterina inviable o de niñas víctimas de violación. En todos estos casos, la prohibición revictimiza a quienes padecen estas situaciones.

En El Salvador decenas de mujeres han sido encarceladas por interrupciones involuntarias del embarazo. Muchas de ellas han sido condenadas a 30 años de prisión bajo los cargos de homicidio, y otras tantas, como el caso de Imelda Cortéz (víctima de violación durante años), se encuentran bajo este riesgo.

Me resulta difícil comprender cómo esta sociedad se jacta de poseer valores pro vida. ¿Pro las vidas de quiénes? Somos un país ambientalmente depredado, con un Estado ausente en demasiados ámbitos del bienestar, y donde lo que se vive a diario es la desigualdad, la violencia (incluidos feminicidios) y la corrupción, que en conjunto hacen que sobrevivir resulte casi una cuestión azarosa para una mayoría amplia.

El problema de la prohibición total se agudiza al considerar el carácter patriarcal de la sociedad salvadoreña, en la que el cuerpo de las mujeres es visto como moneda de cambio, como asunto del Estado y como propiedad de los hombres y de las iglesias. Al hablar de aborto nos encontramos ante un problema de por sí sumo complejo que se exacerba al confluir los efectos de un sistema económico excluyente y el patriarcado (sistema de dominación y poder que antepone lo «masculino» sobre «lo femenino»), que permea toda la estructura social.

Por ello es necesario, si no urgente, discutir el problema de una forma madura y democrática. Si una mayoría rechaza la despenalización total, ¿por qué seguir aceptando el extremo opuesto de la penalización total? ¿Por qué El Salvador no es capaz de considerar la despenalización en los casos que sensata y científicamente deben ser permitidos, y que en la mayoría de los países ya ocurre? Este sería un paso muy democrático, que tome en cuenta el rechazo mayoritario a la despenalización total adoptada por España y otros, pero dejaría de revictimizar y perseguir penalmente a las mujeres.

Desde esta perspectiva, resultan limitadas las medidas propuestas por los sectores pro vida que, entre otros, plantean la creación de proyectos de albergues para mujeres víctimas de violación, la provisión de salud para embarazos de alto riesgo, la mejora de los sistemas de salud, de administración de justicia y de seguridad. Estas medidas no atienden causas reales que sí justifican la interrupción de un embarazo, ni consideran el hecho que las mujeres somos seres humanos y sociales, no incubadoras. Estas causas reales y justificadas incluyen la posibilidad de enfermarnos, de sufrir accidentes, maltratos, entre otras vicisitudes durante el embarazo. Sin olvidar que somos sujetas de derechos, lo  que nos faculta a decidir sobre nuestra propia vida.

El problema no se resuelve solamente brindando condiciones materiales y psíquicas, y menos confiando a la voluntad divina, para solucionar los problemas de salud que puedan presentarse aun si las mujeres son atendidas adecuadamente. Tampoco se resuelve encarcelando a todos los violadores. Y mucho menos se resolverá mientras los sectores pro vida se nieguen a reconocer el patriarcado, la educación sexual y la igualdad de género. Sin esas discusiones no se atenderán las causas estructurales que provocan la vulneración de los cuerpos de las mujeres en países como El Salvador.

Vale aclarar que, por supuesto, el aborto no es la solución al patriarcado ni al sistema actual, tampoco su justificación, ni un llamado a descuartizar bebés, como ocurre con la violencia machista. Se trata de salvar las vidas que pueden salvarse y de no revictimizar.

En este contexto, no es aceptable que en El Salvador se continúe evadiendo y condenando el debate sobre la despenalización, parcial si se quiere, del aborto, ya que es una urgencia de salud pública y un asunto de justicia, considerando que nos encontramos en un sistema patriarcal y excluyente, y que no somos incubadoras. Negar de forma absoluta el aborto implica ignorar la realidad y la complejidad de las situaciones y los chivos expiatorios serán las mujeres pobres, que deberán rezar para que no les pique ni el zancudo de la Chikungunya.

Esta columna fue publicada el 21 de noviembre de 2018 en el diario El Mundo de El Salvador.