Una vez agotadas las oportunidades de inversión, el capital busca nuevas formas para expandirse.  Según los defensores del “libre mercado”, las empresas públicas representan una distorsión en las reglas del juego. Es por eso que, para ellos, el paso natural sería convertirlas en empresas privadas, en donde, por medio de la “libre competencia” se volverán más eficientes; y por tanto otorgarán mejores servicios. Pero esto es así, solo en su discurso.

Cuando se trata de la distribución de un bien común -que a su vez es un derecho humano- , ésta no puede quedar en manos de intereses privados. Por más de doce años la sociedad civil organizada ha luchado para que el acceso al recurso hídrico sea legislado, y que el derecho al agua sea respetado. Sin embargo, lo de “bien común” y “derecho de todos” les hace cuña a los intereses del partido Arena, y del empresariado que éste representa.

Es por eso que su reciente propuesta -a pesar de utilizar un lenguaje inclusivo y de derechos-, tiene un gigantesco revés a la hora de conformar la junta directiva del ente rector que se encargaría de normar y administrar el recurso. Sin entrar en detalle, le da dos de cinco asientos a representantes de la Asociación Nacional de la Empresa Privada -ANEP-, dos asientos más a la Corporación de Municipalidades de la República de El Salvador -Comures-; y un asiento para el Presidente de la República. 

Muchas son las acciones que se buscan normar con dicha ley. Sin embargo, el tema vital y que posiblemente sea uno de los mayores intereses del empresariado, es el cobro de la distribución del agua, que genera al Estado ingresos anuales por USD150 millones. Mismos que si le sumamos los USD65 millones de subsidio a la tarifa, lo hacen un pastel por encima de los USD200 millones. Un pastel del que cualquier tajada no sería nada despreciable.

Obviamente la propuesta de Arena no habla de privatización, ellos ya aprendieron que tienen mejores resultados manipulando el lenguaje legal. Pero al formar parte del ente rector, pueden influenciar para encontrar los vacíos legales -que ellos mismos dejaron-, que permitan la concesión parcial de la distribución del recurso; y por tanto, de su cobro. Ya sea por asocios público-privados, por concesiones de cuencas o cualquier otro artificio que encuentren, el empresariado buscará ser juez y parte en el manejo del agua de El Salvador.

Con todas las críticas que se pueden tener hacía la Administración Nacional de Acueductos y Alcantarillados -ANDA-, una empresa estatal no necesariamente debe funcionar con una lógica de mercado. Incluso la misma se puede permitir el lujo de funcionar de forma deficitaria, si con esto se asegura el acceso a más personas a un costo asequible. Es por eso que en lugar de eliminar o debilitar otra empresa pública, sobre todo una cuya labor primordial es garantizar, promover y proteger un derecho humano; mejor deberíamos pensar en cómo fortalecerla o renovarla, como es la propuesta de la sociedad civil. 

En caso contrario, no tenemos que voltear muy lejos al pasado para conocer experiencias en las cuales los intereses privados sobre el agua, han minado las condiciones de acceso a la población. Una investigación periodística sobre una residencial y campo de golf en San José Villanueva, en la que utilizaron un fideicomiso de asocio público-privado, nos demuestra cómo, bajo el espíritu de beneficiar a todos, se termina beneficiando a unos pocos. Así como también la disputa entre comunidades de Nejapa y una embotelladora multinacional, nos dan cuenta de lo que sucede cuando se pone el agua al servicio de los intereses privados.

Este es uno de esos temas donde no hay cabida para áreas grises. Por tanto, debemos sentar postura: el agua es un derecho humano, y no una mercancía. En ese sentido, se debe rechazar cualquier forma de privatización. Ya depredaron la seguridad social, toca evitar que hagan lo mismo con el agua. Existe un proverbio ingles que dice “no se aprecia el valor del agua hasta que se seca el pozo”, al cual esperemos no tener que agregarle “o hasta que otro se la apropia”.

Esta columna fue publicada el 14 de junio de 2018 en el diario El Mundo de El Salvador.