La diabetes es una de las enfermedades de más rápido crecimiento en Latinoaméricad y especialmente en los segmentos de bajos recursos, lo que ha creado una demanda creciente de recursos públicos para atender los cuidados y tratamientos de las personas que la padecen. Es claro que la responsabilidad primaria del padecimiento de esta enfermedad deviene del sujeto mismo,  que ante hábitos no apropiados crea una condición proclive;  sin embargo, en muchos casos, los hábitos inapropiados se refuerzan con la ingesta de alimentos que aunque apetecibles por su sabor y muchas veces por sus bajos precios, son ricos en hidratos de carbono y grasas que pueden producir alteraciones en los niveles  de glucosa y en la producción de insulina, condicionando el aparecimiento de la diabetes, sin que exista advertencias sobre el particular.   Dentro de ellos se encuentran las bebidas gaseosas y carbonatadas, las comidas de alto contenido calórico como dulces, hamburguesas, pan dulce, etc.

Algunos países han introducido impuestos dirigidos a incrementar el precio relativo de los alimentos que pueden contribuir a producir la diabetes, esperando que el consumidor reduzca el consumo de los mismos y los substituya por otros más sanos;  además que el Gobierno disponga más recursos en las áreas de salud, destinados a financiar los gastos derivados.  En consecuencia se obtiene un doble dividendo. En ese sentido, algunos diputados al Congreso de la República presentaron la iniciativa no. 5368 dirigida a reformar la Ley del Impuesto al Valor Agregado –IVA- creando una tarifa del 20% para los productores de bebidas azucaradas y destinando el 8% diferencial sobre el impuesto actual,  a reforzar el área de salud curativa del Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social.  La propuesta, en sintonía con la corriente mundial de desmotivar el consumo de los  bienes nocivos para la salud,  tiene elementos que tanto los ponentes, como el Congreso de la República, debieran considerar previo a su aprobación:

1. El IVA es un impuesto al consumo, por lo que no pueden afectarse a los productores.  Debe redactarse de tal forma que se entienda que dicha tasa será aplicada en la venta, comercialización o transferencia de dichos bienes, no en la producción.
2. Aun cuando se considera poco probable que el impuesto sea confiscatorio, debido a que en el pasado la Corte de Constitucionalidad –CC-, en uno de sus discutidos fallos, estableció que un impuesto cumple dicha condición si la sumatoria de los tributos aplicables exceden el 100% de su costo de producción, sería apropiado que los cuadros técnicos del Congreso evaluaran dicho extremo.
3. También, en otro de sus discutibles fallos, la CC estableció la inconstitucionalidad del IVA, cuando se establecen tasas diferenciadas (se intentó con las bebidas alcohólicas).   En consecuencia, conviene realizar una consulta para verificar la opinión de los actuales togados, dado a que en caso contrario, es mejor reformar el impuesto a la distribución, otorgándole destino específico.
4. Es pertinente evaluar apropiadamente la amplitud del hecho generador del impuesto, porque se pretenden gravar las bebidas azucaradas y en la actualidad muchas de las bebidas gaseosas no contienen azúcar, por lo que estarían al margen del gravamen.  De la misma forma, existen jugos naturales con azúcar que podrían ser incluidos, lo que podría ser poco deseable.
5. Las bebidas gaseosas y azucaradas forman parte de la dieta básica, aunque con poco contenido alimenticio,  de grandes grupos de trabajadores del campo y de la construcción, por lo que conviene evaluar la pertinencia del impuesto ante la carencia inmediata de productos substitutos, como el agua pura a buen precio.  De lo contrario, su efecto podría ser contrario al bienestar de la población.

La iniciativa en realidad debiera ser mucho más amplia e incluir a grandes contingentes de alimentos que hoy producen enfermedades crónicas en el país, pero la implementación de un impuesto como el descrito, es el primer paso en el camino, no solo de disponer de un mayor nivel de ingresos para el tratamiento de dichos males sociales, sino también para tratar de reordenar los hábitos alimenticios de los guatemaltecos, en la búsqueda de un mejor y más sano futuro.