Desde el primer día de esta gestión, el éxito desde el Ejecutivo se entiende a partir de los niveles de popularidad. Por eso, el hecho de que el presidente sea el más popular es suficiente. Los indicadores de desarrollo se han cambiado por los de simpatía. 

En cualquier sociedad, particularmente en las democráticas, la rendición de cuentas es un punto medular, para que la ciudadanía pueda conocer el estado en el que se encuentra el país, los desafíos que enfrenta y las medidas de política pública que se esperan adoptar para superarlos; además de explicar detalladamente cómo se han utilizado sus impuestos y si las promesas políticas que se hicieron se han cumplido o no. Esto no se hace como un favor, sino como una obligación frente a la sociedad.  Históricamente en el país los aniversarios de los periodos presidenciales se han caracterizado por ser burdos eventos protocolarios, incluso llegando al punto, como en 2020, de no realizarlo. 

Sin embargo, debe destacarse que en el gobierno del presidente Sánchez Cerén, al menos se tenía el Plan Quinquenal de Desarrollo 2014-2019 El Salvador: productivo, educado y seguro, el cual contenía tres grandes prioridades, once objetivos, cincuenta y cinco líneas estratégicas y cuarenta cuatro metas. Y la entonces Secretaría Técnica y de Planificación de la Presidencia (Seteplán) contaba con un subsistema actualizado de seguimiento y monitoreo del Plan Quinquenal, donde cualquier persona podía acceder y comprobar si se estaba avanzando o retrocediendo en lo ofrecido. Es así, por ejemplo, que un análisis del Icefi concluyó que la mayor parte de metas no fueron cumplidas. Eso permitió a la ciudadanía llegar a las urnas y poder emitir un voto más informado. 

Ahora, el gobierno del presidente Bukele cumple su segundo aniversario, un momento adecuado para decirle a la ciudadanía si las metas se están cumpliendo o no. Lastimosamente, luego de dos años en el poder, sigue sin ser público un Plan de Gobierno que se pueda evaluar. Y aunque se haga alusión al Plan Cuscatlán, ese era un plan para la campaña electoral, como se constata en su falta de articulación entre las partes que lo componen. 

Desde el primer día de esta gestión, el éxito desde el Ejecutivo se entiende a partir de los niveles de popularidad. Por eso, el hecho de que el presidente sea el más popular es suficiente. Los indicadores de desarrollo se han cambiado por los de simpatía.  Sin embargo, la popularidad solo sirve para llenar el narcisismo de los políticos, pero no para resolver los problemas de la gente.

Ante un contexto en el cual la política se ha vaciado de su contenido ético, social, económico e incluso político y se ha transformado en postureo, selfies, tik toks o frases trilladas, es importante empezar a exigir a quienes gobiernan: resultados. Y por ello es fundamental que, dejando el mercadeo a un lado, desde el gobierno se empiece a responder con claridad, las siguientes preguntas.

 ¿Cuál es la política económica que están implementando? ¿Cuáles son las prioridades? ¿Cuáles son los avances en la diversificación de la matriz productiva? ¿Cuáles son los resultados en la investigación, desarrollo e innovación? ¿Cuántos encadenamientos productivos se han llevado a a cabo? ¿Se ha aumentado el auto abastecimiento de granos básicos? ¿Cuántos empleos de calidad se han generado? ¿En cuánto han aumentado los ingresos de los hogares? ¿Cuántas personas han salido de la pobreza? ¿Cuánto se ha cerrado la brecha salarial entre hombres y mujeres? ¿Cuánto se ha reducido el desempleo juvenil? ¿Cuánto se ha diversificado la matriz energética?  ¿Se ha incrementado la atracción de inversión extranjera y doméstica?

En lo social, ¿cuál es el plan? ¿Se han aumentado las tasas netas de matrícula? ¿Se ha avanzado en la erradicación del analfabetismo?  ¿Ha mejorado la calidad de la educación? ¿Se ha reducido la desnutrición y la mortalidad infantil? ¿Se ha disminuido la mortalidad materna? ¿Se ha rebajado el número de personas en inseguridad alimentaria? ¿Ha mejorado la cobertura de la seguridad social? ¿Se ha disminuido el déficit habitacional? ¿Ha habido un incremento en la cobertura de agua potable y saneamiento y el acceso a energía eléctrica? ¿Se ha reducido la vulnerabilidad ambiental? ¿Cuántas cuencas se han protegido? ¿Cuánto ha aumentado la cobertura forestal?

¿En cuánto han aumentado los ingresos del Estado? ¿En cuánto se ha reducido la evasión y otros delitos fiscales? ¿Se han evaluado los actuales privilegios fiscales? ¿Ha mejorado la progresividad del sistema tributario? ¿Se cuenta con un presupuesto con enfoque de resultado? ¿Se han evaluado las políticas públicas? ¿Se ha mejorado la focalización de los subsidios? ¿Se han reducido los gastos superfluos? ¿Se cuenta con un presupuesto que garantiza los derechos de la población? ¿Se ha gestionado de manera adecuada la deuda? ¿Cuáles reformas se van a hacer en los próximos tres años, en el área de ingresos, gastos y deuda? ¿Hay avances en transparencia y lucha contra la corrupción? ¿Se dispone ahora de más información pública que antes?

En lo político, ¿se ha avanzado en el fortalecimiento democrático? ¿Se ha mejorado el respeto a la libertad de prensa? ¿Hay plena separación de poderes? ¿Se ha fortalecido la institucionalidad pública? ¿Se respetan las voces disidentes? ¿Se garantizan los derechos de las minorías? ¿Se está avanzando hacia una sociedad más desarrollada y democrática? Luego de dos años en el poder, existen muchas preguntas, pero muy pocas respuestas.

Ricardo Castaneda Ancheta // Economista sénior / @recasta

Esta columna fue publicada originalmente en Gato Encerrado, disponible aquí.