Guatemala es uno de los países del mundo que presenta un menor pago de impuestos con respecto a los ingresos que sus pobladores disponen, por lo que a pesar de que la Constitución Política de la República mandata al Estado a suministrar mayores niveles de bienestar y protección social, los recursos disponibles para el efecto son permanentemente insuficientes. Entre los impuestos que tienen un menor nivel de productividad está el Impuesto Sobre la Renta (ISR), el que, a partir de datos internacionales, presenta un aporte fiscal relativamente bajo en comparación al resto de naciones y especialmente considerando las tasas marginales establecidas a los grupos empresariales.

 

El ISR de Guatemala es un impuesto de tipo semiobjetivo que toma como referencia no al sujeto de pago, sino a las rentas obtenidas dentro del territorio nacional, y las grava a partir de un modelo de renta por productos que, en un intento de calificación dual, trata de establecer tratamientos tributarios diferenciados para las rentas de las actividades lucrativas y las de los trabajadores en relación de dependencia. Además, aun cuando en su pago existe un sistema de retenciones que practica un determinado número de agentes calificados, siendo algunos de ellos considerados como pago definitivo, descansa en un sistema de autodeclaración, con liquidación anual y no permite arrastre de resultados de períodos previos.

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