El Icefi en asocio con We Effect presentó hoy, los primeros dos estudios del proyecto Propuestas para promover el empoderamiento económico de las mujeres mayas, indígenas y campesinas, en Guatemala (2022-2030) que tiene como objetivo proponer programas de política pública que el Estado de Guatemala pueda implementar, entre 2022 y 2030, como parte del cumplimiento de la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible y con el fin de contribuir exitosamente al empoderamiento económico de las mujeres, en especial de las mujeres mayas, indígenas y campesinas. El evento contó con los comentarios de la señora Procuradora Adjunta I de la Procuraduría de los Derechos Humanos, Miriam Catarina Roquel Chávez, abogada especializada en pluralismo jurídico, interculturalidad y derechos humanos en Guatemala.

Documento adjunto:

• Comunicado en PDF
• Documento - Compromisos nacionales e internacionales de Guatemala en favor de la igualdad entre hombres y mujeres en el acceso a recursos económicos
• Documento - Mujeres de Guatemala: un análisis de sus condiciones económicas y sociales

El primer estudio, titulado «Compromisos nacionales e internacionales de Guatemala en favor de la igualdad entre hombres y mujeres en el acceso a recursos económicos», reconoce que la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible y los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) constituyen una agenda ambiciosa para alcanzar sociedades en las que sea universal el respeto de los derechos humanos y la dignidad de las personas, el Estado de derecho, la justicia, la igualdad y la no discriminación. Esta última abarca la construcción de entornos y sistemas institucionales más propicios para tener países en el que todas las mujeres y niñas gocen de la plena igualdad entre los géneros y donde se hayan eliminado todos los obstáculos jurídicos, sociales y económicos que impiden su empoderamiento.

Varias metas de los ODS buscan fomentar el acceso y control de las mujeres sobre los recursos productivos, así como conseguir que se las reconozca como agentes con plena participación en la economía. Esas metas incluyen reformas que otorguen a las mujeres igualdad de derechos a los recursos económicos, así como acceso a la propiedad y al control de la tierra, a las nuevas tecnologías y servicios financieros apropiados, a la sucesión, el trabajo decente y la igualdad de remuneración por igual trabajo o por trabajo de igual valor; además, fortalecer políticas acertadas y leyes para promover la igualdad de género y el empoderamiento de las mujeres y las niñas a todos los niveles.

Estas acciones deben procurar que además de la reforma de las estructuras jurídicas y de políticas públicas, se tenga efectividad en los cambios de las estructuras económicas y sociales que imponen barreras a las mujeres para el ejercicio de sus derechos, incluyendo los de carácter económico. En ese orden de ideas, el documento busca analizar esos factores y se divide en dos partes: la primera contiene una revisión del marco legal, que incluye disposiciones relacionadas con la igualdad de género y que abonan al empoderamiento económico de las mujeres. La segunda parte del documento efectúa una revisión de los principales compromisos nacionales e internacionales que también abonan a la igualdad de género y al empoderamiento económico de las mujeres. Lo nacional comprende las políticas públicas vigentes que apoyan esta temática, en tanto que lo internacional informa sobre los instrumentos y agendas a las que el Estado de Guatemala se ha adherido para impulsar este tema, así como los informes que ha presentado para rendir cuentas sobre los progresos en su implementación y cumplimiento.

El segundo estudio, «Mujeres de Guatemala. Un análisis de sus condiciones económicas y sociales», analiza la situación de las mujeres en Guatemala con el fin de aportar información económica y social que permita reconocer las condiciones de las mujeres de los pueblos mayas, xinka, garífuna, afrodescendiente/creole/afromestizo.

El documento inicia con la caracterización demográfica, señalando que de las 7.67 millones de mujeres incluidas en el censo de 2018, unas 3.2 millones (41.7%) se autoidentificaron como mayas; 4.3 millones son mujeres ladinas (55.9%), unas 158,300 son mujeres xinkas, garífunas, afrodescendientes/creol/afromestizas (2.1%), y unas 19,200 son extranjeras (0.3%). De estas, el 23.6% vive en áreas rurales, siendo las mujeres mayas quienes en mayor proporción habitan esos territorios (28.4%).

En el apartado social, variables como educación sacan a relucir que las mujeres mayas e indígenas, principalmente las que habitan zonas rurales, tienen mayores porcentajes de analfabetismo (las mujeres mayas, el 62.7%), menor acceso al sistema educativo formal (el 33.1% no tiene ningún nivel académico) y, por ende, menos años de estudio (4.0 años). En el tema de reproducción y maternidad también son ellas quienes poseen las mayores tasas de fecundidad (105 hijos e hijas por cada 1,000 mujeres), quienes iniciaron la maternidad a las edades más tempranas (a los 19.3 años, en promedio, las del área rural), las que tienen el mayor número de hijos (el 41.8% de las mujeres mayas tienen más de tres hijos), y las que tienen menor acceso a métodos anticonceptivos (solo los utiliza el 52.3%).

El tercer apartado corresponde a la participación económica de las mujeres. En este sentido, cabe indicar que el mercado laboral también discrimina y precariza la situación de las mujeres, principalmente de las indígenas mayas y rurales. Quienes pertenecen a este segmento de la población son quienes en menor medida forman parte de la población económicamente activa (PEA), con el 36.2%, pero presentan mayores porcentajes entre la población inactiva del país, con el 63.8%. Además, las que se encuentran ocupadas lo hacen mayoritariamente en los sectores informales del mercado (81.1%) y son quienes menores salarios perciben por su trabajo. Si bien las mujeres mayas trabajan menos horas que el promedio (39.2 horas a la semana en 2019), las horas a la semana en trabajo no remunerado son 32.8 (2018). Con esta información se evidencia que el trabajo doméstico es relegado casi en un tercio a las mujeres de cualquier pueblo. En materia de acceso a financiamiento, pese a que no se encontró la información por pueblo, también se muestran brechas entre hombres y mujeres, en detrimento de estas últimas. Lo mismo sucede con el acceso a la tierra, variable en la que los datos no se encuentran actualizados desde 2008, de manera que se dificulta indagar sobre las condiciones de acceso a la tierra de las mujeres indígenas.

Entre las principales conclusiones destaca el reconocimiento de la necesidad primordial de liberar a las mujeres del peso que supone sostener tanto el sistema económico como el social, que no solo las excluye, sino que las precariza. También es preciso buscar la senda para incorporar a los hombres en los cuidados y los trabajos domésticos con el fin de romper la división sexual del trabajo en los ámbitos público y privado.

Reconocer las realidades por medio de cifras estadísticas permitirá elaborar y proponer políticas públicas de empoderamiento económico para las mujeres, con un enfoque universalista, pero priorizando a los grupos de mujeres con mayores brechas de bienestar y empoderamiento económico. Precisamente el tercer estudio de este proyecto consiste en presentar a la sociedad guatemalteca una propuesta de programas de política pública que puedan promover exitosamente el empoderamiento de las mujeres, especialmente las mujeres mayas, indígenas y campesinas, para el período 2022-2030. Dicho estudio incluirá la hoja de ruta para implementar progresivamente estas medidas en los próximos nueve años, su territorialización, los costos, las formas de financiamiento público posibles y los resultados esperados. Este tercer estudio será presentado en diciembre.

Guatemala, Centroamérica, 28 de octubre de 2020.