El Instituto Centroamericano de Estudios Fiscales (Icefi) realizó un primer análisis del presupuesto aprobado para 2015, encontrando motivos de preocupación y serios retrocesos en materia de transparencia. Dentro de los principales aspectos negativos y retrocesos en materia de transparencia, el Icefi alerta con profunda preocupación sobre:

1) la autorización a los Consejos Departamentales de Desarrollo (entidades sobre las que pesan serios señalamientos de actos de corrupción, tráfico de influencias y opacidad), para suscribir convenios con ONG para la ejecución de proyectos de inversión pública;

2) la supresión de las constancias de disponibilidad financiera;

3) la autorización para el uso discrecional del subsidio al transporte público (otro de los principales focos de corrupción y opacidad); y,

4) la desviación de los pagos destinados a cubrir el costo de la política monetaria. El Icefi considera que estas son medidas ilegítimas, y constituyen serios retrocesos a lo que se había logrado con la aprobación en octubre de 2013 de una de las denominadas “leyes de transparencia”.

Retrocesos tan graves en los controles y medidas de transparencia del gasto público comprometen seriamente la legitimidad de las fuentes adicionales de ingresos que el Congreso aprobó conjuntamente con el Presupuesto y que suman Q 2,270.4 millones. Estas fuentes adicionales de ingresos incluyen un nuevo impuesto a la telefonía de Q 5 mensuales por línea, incremento a las regalías mineras (con tratamientos favorables a la minería de níquel y jade), y un incremento al impuesto a la distribución de cemento (de Q 1.50 a Q 5.00 por saco).

Pese a que el Congreso aprobó destinos específicos para la recaudación de estos gravámenes, el desmantelamiento de los controles de transparencia aprobados por el Congreso compromete el uso correcto de estos recursos adicionales, con el agravante que se ejecutarán en año electoral.

El Instituto advirtió que, pese a que se aprobó un incremento en el presupuesto de ingresos ordinarios, las asignaciones por concepto de aportes constitucionales calculados como un porcentaje de estos ingresos, no fueron ajustados. El Icefi expresó preocupación por posibles desajustes y conflictos en las entidades receptoras de estos aportes, incluyendo municipalidades, la Universidad de San Carlos de Guatemala, Organismo Judicial, entre otros.

El Icefi alerta sobre la asignación inusual, opaca e injustificada de gastos de administración por Q 1,965 millones, en concepto de “Otros aportes a cargo del Ministerio de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda”, dentro de las Obligaciones del Estado a Cargo del Tesoro, monto en riesgo de desviarse o malversarse para fines político electorales en el marco de los comicios de 2015.

El Icefi lamenta que para cubrir esta asignación extraordinaria el Congreso aprobó recortes adicionales en los presupuestos del sector justicia (Q 854 millones, respecto al presupuesto vigente en 2014), SAT (Q 180 millones), gasto social (casi Q 1 millardo) y pago de la deuda pública (Q 1,162.4 millones). Como aspectos positivos rescatables en el presupuesto aprobado, el Icefi identificó la inclusión del programa de reparación a las comunidades afectadas por la construcción de la hidroeléctrica de Chixoy, la asignación extraordinaria al Tribunal Supremo Electoral para la realización de las elecciones de 2015 y recortes a rubros de gasto superfluos o con riesgo alto de ser malversados para el financiamiento de campañas electorales. Los recortes de gasto que a criterio del Icefi son justificados incluyen: la compra de materiales de construcción y otros gastos injustificados en el Ministerio de Desarrollo Social (Q 730 millones), o el incremento al programa de distribución de fertilizantes (Q 350 millones).

El Icefi volvió a insistir en cuanto a que no está claro si en el presupuesto aprobado queda cubierto el gasto adicional asociado al cumplimiento del pacto colectivo de condiciones de trabajo con el magisterio nacional, por lo que urgió a las autoridades a aclarar la situación. El Icefi considera que de no haberse incluido los recursos para este compromiso salarial, en 2015 podrían volver a registrarse problemas de ingobernabilidad.

El Icefi lamenta que el Gobierno haya optado por una negociación que resultó en la aprobación de un presupuesto plagado de problemas y opacidad, aún y cuando tenía propuestas legítimas y técnicamente sustentadas incluida la del Icefi y una versión del proyecto de presupuesto para 2015 con cambios que hubiesen resultado en una mejora sustancial al proyecto original.