El Instituto Centroamericano de Estudios Fiscales (Icefi) expresa su preocupación por que el presupuesto aprobado para 2017 no plantea los primeros pasos en la búsqueda de soluciones estructurales a la fragilidad de las finanzas públicas.

El Icefi reitera la importancia de contar con un presupuesto aprobado que permita el normal funcionamiento de las instituciones públicas. Sin embargo, lamenta que las fuerzas políticas salvadoreñas no hayan sido capaces de consensuar un presupuesto que se alineara a lo aprobado en la Ley de Responsabilidad Fiscal para la Sostenibilidad de Finanzas Públicas y el Desarrollo Social, en lo que se refiere a transparencia y mejora de la calidad del gasto; pero más importante aún, un presupuesto que fuera una herramienta para mejorar las condiciones de vida de la población al mismo tiempo que apoya el crecimiento económico inclusivo y se fortalece la gobernabilidad democrática.

Para el Icefi es una medida poco transparente el que en el presupuesto no se incluyeran los montos reales de todas las erogaciones, sin excepciones, que serán ejecutadas en el ejercicio fiscal, con sus respectivas fuentes de financiamiento. Por ejemplo, considera que asignar montos de USD1,000 para el pago de pensiones del Instituto de Previsión Social de la Fuerza Armada (IPSFA) y al pago del Fideicomiso de Obligaciones Previsionales, indicando que posteriormente se buscarán los recursos financieros para su refuerzo, mantiene latente las posibilidades de que el país continúe con la crisis de las finanzas públicas vivida el año anterior.

El presupuesto aprobado contiene incrementos respecto al anteproyecto del presupuesto en rubros como: el escalafón de salud, el pago a veteranos militares de la Fuerza Armada y excombatientes del FMLN, así como transferencias a organizaciones no gubernamentales y entidades privadas.  Además incluye reducciones de USD1 millón de la Corte de Cuentas y de casi USD19 millones de las Obligaciones Generales del Estado —en donde se incluye la devolución de impuestos y aportes a la seguridad social—; lo que puede implicar una subestimación de este último rubro e incertidumbre sobre el déficit real contenido en el presupuesto aprobado.

Asimismo, el Icefi insta a que se evalúen las transferencias otorgadas a organizaciones no gubernamentales y otras entidades privadas, para determinar su efectividad y pertinencia. El Instituto reitera que cualquier instancia que perciba recursos públicos debe rendir cuentas sobre el uso y resultados obtenidos con dichos fondos.

Por otro lado, el Icefi advierte que el tamaño del presupuesto aprobado para el Gobierno Central, es apenas del 17.8% del PIB y el gasto social es de 7.6% del PIB —tamaños similares a los observados antes de 2010—, observándose un deterioro en las inversiones orientadas hacia la niñez y adolescencia; este enfoque de austeridad limita las posibilidades de contar con un Estado garante de derechos y del cumplimiento de las metas del Plan Quinquenal y de los Objetivos de Desarrollo Sostenible en materia de educación, salud, seguridad y productividad, entre otros. El Instituto lamenta que a pesar de todo ello, el presupuesto aprobado mantenga las asignaciones a seguros privados para empleados y funcionarios públicos, lo cual le resta legitimidad frente a la ciudadanía.

Ante un presupuesto insuficiente y distribuido de manera poco efectiva frente a los desafíos de la sociedad salvadoreña, el Icefi insiste sobre la necesidad urgente e impostergable de alcanzar un acuerdo fiscal integral, para así cumplir con la Ley de Responsabilidad Fiscal, pero aún más importante para hacer de la política fiscal un instrumento económico y político que garantice derechos, promueva crecimiento y genere bienestar social.

Finalmente, el Instituto invita a los distintos actores políticos a estar a la altura y demostrar su madurez, dejando de lado posicionamientos e intereses particulares y electorales, para anteponer el bienestar colectivo. La coyuntura política internacional y la situación económica y social salvadoreña obligan a plantear cambios substanciales a la actual política fiscal de supervivencia. Solo una política fiscal integral, basada en principios de transparencia y rendición de cuentas, probidad, suficiencia, justicia fiscal y sostenibilidad, y promovida mediante un diálogo amplio teniendo como objetivo el bienestar social podrá ser legítima para los salvadoreños en el contexto actual.

Guatemala, Centroamérica, 23 de enero de 2017.

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