2017
Presentado el 5 de diciembre de 2017 a la Comisión de Transparencia y Probidad del Congreso de la República como insumo para la Mesa Técnica para la Reforma al Sistema de Adquisiciones del Estado
El Instituto Centroamericano de Estudios Fiscales (Icefi), rechaza la amnistía fiscal aprobada por el Ejecutivo mediante el Acuerdo Gubernativo No. 82-2017, ya que demuestra que el Ejecutivo y las autoridades responsables de la política fiscal continúan arrastrando prácticas injustas que promueven la impunidad e irresponsabilidad de contribuyentes incumplidos y morosos, y debilita la moral tributaria de aquellos contribuyentes que pagan sus impuestos de forma íntegra y puntual.
El Instituto Centroamericano de Estudios Fiscales (Icefi) y la Asociación Servicios Técnicos Legales y Económicos (Setelec), con la cooperación del programa Impactos de Counterpart International, presentaron hoy los resultados del informe Efectos económicos y sociales de la política fiscal reciente en Honduras (2013-2016).
Este documento tiene como principal objetivo presentar, analizar y mostrar los efectos de las recientes medidas fiscales sobre el déficit fiscal, el comportamiento económico en general y la situación social en particular. El período escogido es 2013-2016, dado que en el primer año se establecieron varios de los cambios legales que tuvieron sus mayores efectos a partir del nuevo Gobierno, en 2014. Los efectos presentados son obviamente los de corto plazo, pero también se hacen valoraciones cualitativas sobre los probables efectos de mediano y largo plazos.
En 2017, la carga tributaria regional apenas llegará a representar el 13.9% del PIB, con una ligera caída con respecto a 2016, mientras la productividad del Impuesto al Valor Agregado, por ejemplo, se mantiene constante en torno al 43.5%. El gasto público, que representará en promedio el 18.6% del PIB, continuará siendo insuficiente para cerrar brechas de atención a la ciudadanía, y se enfrentará a medidas de contención cuyo objetivo es frenar el déficit fiscal y el crecimiento de la deuda pública.
El foro público «La minería metálica en Centroamérica: impactos, transparencia y fiscalidad» se realizó el pasado 31 de marzo en la ciudad de San Salvador, con el propósito de presentar los hallazgos de un estudio del mismo nombre realizado por Oxfam, bajo la coordinación del Centro de Estudios Guatemala (CEG).
No podemos negar que la pobreza es uno de los grandes flagelos de nuestro país, los ingresos del 34.9% de las personas no les permiten cubrir el costo de la canasta básica; alrededor de 200,000 personas no tienen ni siquiera un empleo que les permita contar con ingresos para subsistir; a esto se suma una economía con una tasa de crecimiento inferior al 2% y una serie de recetas de políticas públicas que a la fecha no han sido capaces de potenciar el crecimiento económico y mucho menos combatir la pobreza y generar bienestar.
Haber escuchado las intervenciones de los diputados de los diferentes partidos que conforman la Comisión de Medio Ambiente y Cambio Climático, de la Asamblea Legislativa; o el desenvolvimiento de los diputados que asistieron a la plenaria de la semana pasada, era entrar en una dimensión desconocida en un país en el que alcanzar acuerdos de Estado parece una utopía.
El XXIX Seminario Regional de Política Fiscal, fue realizado el 23 y 24 de marzo, por iniciativa de la Secretaría Ejecutiva de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL); a través de la División de Desarrollo Económico. El evento convocó a ministros y subsecretarios de Hacienda de países de la región latinoamericana entre ellos Argentina, Bolivia, Brasil, Costa Rica, Honduras y Uruguay.
La presentación de la propuesta de la Iniciativa Ciudadana para las Pensiones (ICP) para reformar el sistema de pensiones, ha posicionado el tema de nuevo en la agenda pública. Esta propuesta y la hecha por el Gobierno en 2016, son los insumos principales para un debate de sensibles trasfondos ideológicos en El Salvador. Ambas comparten –en mayor o menor medida- al menos dos características: no son propuestas de reforma previsional integral; y, no han surgido como fruto del debate entre todas las partes interesadas.