Los centros de pensamiento, de investigación y los académicos suscritos expresamos preocupación por la decisión de la fiscal general y jefa del Ministerio Público de Guatemala, Consuelo Porras, de destituir a Juan Francisco Sandoval como Fiscal de Sección de la Fiscalía Especial Contra la Impunidad (FECI).

El comunicado de prensa del Ministerio Público de Guatemala en el que se anunció la decisión no presentó argumentos que justifiquen o sustenten la legitimidad de la destitución, y no expuso falta muy grave o proceso disciplinario en contra de Sandoval, que son las únicas causales de destitución de un fiscal establecidas en el artículo 60 y la literal c) del artículo 63 de Ley Orgánica del Ministerio Público.

La gestión de Sandoval al frente de la FECI gozó de prestigio y reconocimiento nacional e internacional, por ser el actor más importante y efectivo en contra de la corrupción y la impunidad en Guatemala. Con la destitución injustificada de Sandoval, no sólo se compromete gravemente los procesos judiciales que la FECI tiene a su cargo, lo cual constituye un riesgo mayúsculo de un incremento de la impunidad, sino, además, se ha perdido la única agencia anticorrupción guatemalteca que continuaba realizando acciones contundentes y de gran impacto.

Expresamos además preocupación y alarma por la gravedad de los señalamientos que el ex fiscal Sandoval publicó en la conferencia de prensa realizada el mismo día en que se produjo su destitución. Estos señalamientos se suman a los cuestionamientos que se acumulan a la gestión de Consuelo Porras como fiscal general y jefa del Ministerio Público, a quien se le tacha de comprometer la independencia de la fiscalía, entorpecer o acelerar casos con criterios discrecionales, subjetivos o a la conveniencia de poderes fácticos que prevalecen en Guatemala.

La destitución del fiscal Sandoval se suma a los retrocesos graves en el proceso democrático guatemalteco, que atentan contra la justicia y el Estado de Derecho en la región. Rechazamos el avance de procesos de captura de fiscalías, judicaturas, entes de control, ministerios y legislaturas, y la persecución política y penal ilegítima en contra de operadores de justicia y la sociedad civil organizada que lucha en contra de la corrupción y la impunidad en la región.

Guatemala, 24 de julio de 2021.