Imagine dos salvadoreños: un funcionario público con posición gerencial y un salario de USD 2,000 mensuales que vive en San Salvador; y, un agricultor de subsistencia con un ingreso de USD 140 mensuales que vive en Lislique –el municipio con el menor índice de desarrollo humano de El Salvador. Ambos pagan impuestos al consumir, por lo que ambos contribuyen para que el Estado atienda las necesidades de la población.

Ahora suponga que el agricultor enferma de bronquitis aguda y que requiere tratamiento urgente, por lo que acude al centro de salud público más cercano. Ahí recibe atención médica básica y una receta de medicamentos por un valor de USD50. Es normal que el centro de salud, debido a las limitaciones presupuestarias, no proporcione las medicinas para tratar ésta y otras enfermedades. Supóngase además que el funcionario público sufre la misma enfermedad que el agricultor, y como sabe de las limitaciones de la red pública de salud, va a un centro médico privado en el que usará el seguro de salud que le paga la entidad pública donde labora. Este seguro cubre el 80 % del costo total de consultas médicas y medicamentos. El costo de la consulta con el médico privado es de USD 35 más los mismos USD 50 en medicinas que le recetaron al agricultor. Sin embargo, gracias a su seguro privado de salud, el funcionario público paga únicamente USD 17 por la consulta y los medicamentos, mientras que el Estado asume el pago de los USD 68 restantes.

Este ejemplo concreto plantea una violación al principio de equidad fiscal: un agricultor de subsistencia, muy probablemente en condición de pobreza extrema, tendría que pagar USD 50 para la compra de medicinas; en contraste severo, el funcionario público, con un ingreso 14 veces mayor que el del agricultor, recibe un subsidio estatal que asume el 80% de sus gastos médicos, incluyendo la misma medicina. Pero en realidad la situación es aún más injusta, porque el agricultor no solo pagaría los USD50 en medicinas, sino que también paga la misma tasa de impuestos sobre el consumo, así que contribuye a subsidiar los gastos médicos del funcionario público. Esto demuestra cuán perverso puede llegar a ser que funcionarios públicos gocen de seguros privados pagados por el Estado. Pero hay más…

Una investigación reciente del Departamento de Comunicaciones de la Universidad Centroamericana José Simeón Cañas reveló que entre 2015 y 2016 se gastaron aproximadamente USD 50 millones del erario público para el pago de seguros privados de salud para empleados públicos. Este monto representó aproximadamente el 90 % del presupuesto destinado a la compra de vacunas y medicamentos por parte del Ministerio de Salud en 2013. Si estos USD 50 millones se hubieran utilizado para la adquisición de vacunas y medicamentos, el desabastecimiento de medicinas se habría reducido a mínimos históricos. Otro ejemplo: según información del Ministerio de Salud, con esos USD 50 millones se podrían haber construido y equipado más de 100 unidades de salud como la construida en el municipio de Usulután en 2014.

El gasto público en seguros privados de salud para funcionarios públicos es notoriamente injusto desde el punto de vista de la equidad fiscal, ya que todos contribuimos, pero no todos tenemos acceso al disfrute de los mismos. Además, socava la legitimidad del gasto público como una herramienta redistributiva y provee ejemplos a quienes, desde un punto de vista más ideológico que técnico, propugnan por una reducción del sector público. Por ello, es imperativo que el Estado no pague más por estos seguros privados, y reoriente estos fondos para fortalecer la atención pública de salud, con el objetivo de que todos los salvadoreños y salvadoreñas, seamos o no funcionarios públicos, podamos acceder a servicios de salud públicos oportunos y de calidad.

Esta columna fue publicada en El Mundo de El Salvador el jueves 2 de marzo de 2017