Cuando tuve la oportunidad de continuar mis estudios en una universidad pública en Costa Rica uno de mis primeros shocks culturales fue cuando tuve que utilizar el transporte colectivo para ir a mis clases. Era mi segundo día en ese país y tenía que trasladarme al campus universitario en bus, para ello tomé las precauciones que tomaría acá, quitarme mis aritos, guardar mi teléfono debajo de mis cuadernos y esconder mi dinero.

La sorpresa inició cuando llegué a la parada y vi que las personas no se aglomeraban en las puertas de la unidad de transporte, sino que esperaban en fila mientras la unidad era abandonada por quiénes habían alcanzado su destino. Dentro de la unidad la sorpresa continuó porque me vi rodeada de personas que cómodamente escuchaban música o chateaban en su celular, incluso recuerdo haberme sorprendido porque vi a alguien leyendo en una tablet, solo recuerdo haber pensado: ¿pero que no les da miedo que les roben sus cosas?

Con el pasar de los días fui observando otras cosas: las personas de la tercera edad solo presentaban su documento de identificación, el cual era escaneado por el chófer de cada unidad para poder hacer uso gratuito del servicio de transporte; los buses solo paraban en los puntos autorizados; en algunas unidades su capacidad no permitía pasajeros de pie, bajo ninguna circunstancia las personas podían ir colgando de las puertas y, si las unidades estaban llenas, el piloto no paraba a recoger más pasajeros; los asientos preferenciales se respetaban, si alguien no lo hacía, el piloto del autobús le llamaba la atención para que cediera el asiento a los usuarios preferenciales (personas de la tercera edad, mujeres embarazadas, personas con menores en brazos, entre otros); además, las unidades tenían sistemas de rampas eléctricas para que usuarios en silla de ruedas o con otras limitantes de movilidad pudieran utilizar el transporte colectivo.

Si bien el sistema de transporte público costarricense aún tiene muchas fallas, dista mucho de estar modernizado y puede mejorar significativamente, es el ejemplo más concreto y cercano que me da esperanzas de que en El Salvador es posible contar con un sistema de transporte.

Pero esto requerirá de políticas públicas que reivindique el carácter público del transporte colectivo. En sociedades más desarrolladas y democráticas, la población tiene acceso a servicios públicos de transporte seguros, asequibles y de calidad; incluso el transporte colectivo público incluso se convierte en un símbolo de la igualdad entre sus habitantes, quienes independientemente de su nivel de ingreso coinciden en ese espacio público.

Lamentablemente, como en otros ámbitos, en materia de transporte la política pública salvadoreña ha carecido de un enfoque de planificación que permita atender el crecimiento poblacional, las presiones de urbanización y el consecuente incremento en la demanda de servicios de transporte. La política de transporte en nuestro país se ha caracterizado, por una parte, por la priorización del transporte individual y privado, que demanda altas inversiones públicas para la construcción y mantenimiento de infraestructura vial, pero que a la larga resultan insuficientes para resolver los problemas de congestionamiento, contaminación y accidentes. Y, por otra, por el otorgamiento de un subsidio al transporte colectivo de pasajeros que obedece más a criterios políticos, que a criterios técnicos y de equidad, lo que cual genera que los usuarios finales reciban un servicio de baja calidad, con problemas de inseguridad y que, al funcionar con base en combustibles fósiles, se convierte en fuente de contaminación.

Esta semana nuestro país nuevamente desperdició la oportunidad para sembrar la semilla de transformación del sistema de transporte público, al renovar sin ninguna condicionalidad el subsidio a este servicio, un mecanismo que representa más de USD46 millones del presupuesto público cada año, pero que tiene serias falencias en su diseño técnico y carece de mecanismos de control y rendición de cuentas.

Ojalá que el próximo año el Ejecutivo tenga la voluntad y capacidad de presentar una propuesta con solidez técnica y financiera que permita empezar a crear un sistema de transporte que verdaderamente responda a su carácter público que, con eficiencia, seguridad, asequibilidad y sostenibilidad ambiental, garantice la movilidad de las personas y contribuya al desarrollo de nuestro país.

Lourdes Molina Escalante // Economista sénior / @lb_esc

Esta columna fue publicada originalmente en El Mundo, disponible aquí.