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Toca exigir una agenda fiscal concreta

El proyecto de presupuesto de la Nación para 2016, el primero que será ejecutado por el próximo gobierno, vuelve a destapar la poca capacidad de maniobra que tiene el Estado guatemalteco.

Por el lado de los ingresos tributarios, se proyecta la recaudación de Q53.1 millardos, es decir, una carga tributaria que representará el 10.1% del PIB, menor a la esperada en 2015. Asimismo, en el proyecto se presupuestan Q1.5 millardos extras de tributos, pero sin advertir las medidas que se adoptarán para lograrlos. Para terminar el cuadro, hay voces que intentan empujar más privilegios fiscales (menos pago de impuestos) para sectores económicos exportadores.

Por el lado del gasto, el proyecto de presupuesto de 2016, contempla una reducción tanto de las inversiones públicas como del gasto social. Con estas reducciones el gasto ejecutado en 2015, cercano al 12.9% del PIB, será  el más bajo de los últimos 17 años. En esta campaña electoral, como en todas las anteriores, saltan a la vista los niños y los adolescentes. En los discursos, en las fotos de los candidatos, en las cancioncitas y en las promesas. Sin embargo, en el presupuesto público de 2016, las inversiones en  este grupo etario caerán de 3.5%  del PIB a 3.3. A esto se suma una caída de Q117 millones en salud y un recorte de Q232 millones en el programa de prevención de la  desnutrición crónica. 

Por otro lado, cerca del 30% del presupuesto puede ser presa fácil de la corrupción, sin que se estén planteando cambios en esta materia.  Tanto el listado geográfico de obras, como las adquisiciones de medicamentos, alimentos, combustibles, fertilizantes, así como los fideicomisos, constituyen caminos de discrecionalidad y opacidad, que allanan el paso a sobrecostos, conflictos de interés, cohechos y otros delitos que han terminado financiando campañas electorales y perpetuando el podrido sistema político.

En el caso de la deuda pública, el Estado tiene prácticamente cerradas las ventanillas internacionales. Hasta que no se presente un plan creíble y confiable para el rescate de la administración tributaria y para luchar contra la corrupción, el país se tendrá que endeudar con financiamiento local, más caro y con plazos más cortos.

Todo esto lleva a reconocer que sin cambios en la política fiscal, cada elección de autoridades públicas —que no podrán cumplir con sus compromisos políticos—, irá defraudando cada vez más a los ciudadanos y a  los electores, terminando poco a poco con las posibilidades de construir una verdadera democracia.

Es urgente que los ciudadanos exijan a los dos partidos en contienda, una agenda para la sostenibilidad y suficiencia fiscal, que considere por lo menos propuestas concretas en cuatro elementos. Primero, cómo aumentar los recursos del Estado por medio de la mejora en la administración tributaria y la lucha contra la evasión. Segundo, que declare nociva cualquier iniciativa para promover el no pago de impuestos a cualquier sector económico. Tercero, por el lado del gasto, es urgente priorizar las inversiones sociales y aumentar el presupuesto destinado a la niñez y adolescencia. Cuarto, desarrollar una agenda, legal e institucional, para avanzar en transparencia y lucha contra la corrupción que incluya, por lo menos, reformas en la ley de contrataciones del Estado que cierren las súper carreteras  de la corrupción, una ley de Probidad moderna y cambios en la Ley Electoral y de partidos políticos.

En esta segunda vuelta electoral, los candidatos están obligados a presentar  y debatir sobre sus planes de gobierno. 

*Esta columna fue originalmente publicada el 18 de septiembre en la revista Contrapoder de Guatemala