Antes que nada debemos comprender que el Estado es la única fuente de atención para muchas personas y sobre todo para los más necesitados. Sin su existencia, muchos niños y niñas se quedarían sin educación. Muchas serían las personas que no recibirían atención de salud. Y que más decir de la necesidad de tener un ente que se el dinamo de la economía,  brindando obras de infraestructura, seguridad pública y jurídica, entre tantos otros servicios básicos para la construcción de ciudadanía de los que no conocemos su ausencia porque los damos por sentado.

El proyecto de presupuesto para 2016, ya se encuentra en manos de la Asamblea Legislativa, queda en ella la labor de hacer una revisión exhaustiva de cómo hacer, que ante las falencias ya conocidas, se le pueda sacar el máximo provecho a esta herramienta. Los señores diputados y el Ejecutivo, deben recordar que existe un plan quinquenal con el cual se busca consolidar un El Salvador productivo, educado y seguro. Por tanto, el presupuesto 2016 debe de ser una expresión de esa apuesta de país.

Actualmente, este presupuesto está planteado como una continuidad a los presupuestos anteriores. Sin embargo, podemos aplaudir la decisión de hacer incrementos más conservadores en la proyección de ingresos y por tanto de los gastos. Esto ha sido el primer paso en admitir la existencia de fragilidad de las finanzas públicas. Este congelamiento de los gastos plantea nuevos desafíos, sin embargo, también sirve como un llamado para que los servidores públicos puedan hacer una búsqueda de eficiencia en la utilización de los recursos disponibles, y se pueda evitar el despilfarro.

En un esfuerzo anterior Icefi y Unicef dentro de su estudio “Espacios fiscales para mejorar el financiamiento de programas para la niñez y adolescencia en El Salvador”, encontraron que dentro de la dinámica presupuestaria de El Salvador, existen espacios fiscales que aún no se han explorado y que por lo tanto pueden servir para fortalecer un Estado que dé cabida a nuevas acciones para buscar los objetivos planteados dentro de su plan quinquenal. Dicho estudio plantea que por el lado de los ingresos existe la oportunidad de incrementar en 2 por ciento la carga tributaria, esto simplemente bajo la implementación de un impuesto al patrimonio, acompañado de acciones para reducir la evasión y elusión del IVA y del ISR; pero además de una revisión de la política de exenciones. Mientras que por el lado del gasto, se plantea que con una mayor focalización de los subsidios y una reforma al sistema de adquisiciones se podrían liberar fondos por cerca de un 1.5 por ciento del PIB.

Algunas de estas acciones plantean un cambio de paradigma, lo cual puede ser una idea dolorosa para quienes han aprovechado la debilidad de lo público para conseguir negocios, privilegios y cuotas de poder. Una administración pública con pocos recursos y pocas herramientas para ser más transparente y efectiva para cumplir los ofrecimientos de sus gobernantes, es el camino más llano para el crimen, la incertidumbre, la ingobernabilidad y el subdesarrollo. Nadie debería sentirse cómodo en este escenario desolador y antidemocrático.  En El Salvador urge un proceso de reflexión individual y colectiva para realizar cambios. Dichos cambios deben ir acompañados de acciones, que nos den muestra que existe una voluntad por avanzar.

Ha llegado el momento de gestar una construcción creativa, de abandonar lo convencional y realizar cambios innovadores acorde a las necesidades actuales del país. En lo personal concuerdo con lo planteado con Icefi y Unicef, en que debe de buscarse una apuesta por la niñez y la adolescencia. Mucho se dice como son el futuro de la sociedad, sin embargo, si los abandonamos en el presente, qué futuro podremos esperar que ellos puedan construir.

Esta columna de opinión se publicó originalmente el 8 de octubre en Diario El Mundo de El Salvador.