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Rendición de cuentas: una acción impostergable en Centroamérica

El reto, como ciudadanos y ciudadanas responsables, está en exigir a las  autoridades planes de transparencia, presentación de resultados, análisis de los resultados, cifras estadísticas oficiales y/o involucramiento y representación de todas las partes. Pues solo conociendo el problema se encontrarán las respuestas y soluciones para contrarrestarlo.


 

La capacidad de dar respuesta ante lo imprevisto fue la exclusiva que debieron enfrentar los encargados de la administración pública a partir de declarada la pandemia por el SARS-CoV- 2 COVID-19, luego de marzo 2020. A casi dos años, algunas de las acciones implementadas fueron capaces de contrarrestar parte de los efectos, más la realidad es que en la mayoría de casos se quedaron un tanto lejos de atender adecuadamente a la necesidad a las que se enfrentaron las poblaciones. En el caso de Centroamérica, la región cuenta hoy con millones de personas viviendo en condiciones de mayor vulnerabilidad que antes, ¡de nuevos pobres!, la cantidad no la sabemos con certeza, hacen falta cifras oficiales en algunos países; sin embargo, mediciones de organismos internacionales ya los cuentan.  

En materia fiscal, las arcas de los gobiernos se vieron contraídas y la necesidad de gasto público inmediato fue dominante, como nunca antes, los déficits fiscales se incrementaron considerablemente. De esa cuenta los gobiernos vieron incrementada su necesidad de financiamiento principalmente bajo medios internacionales.  Sin embargo, en relación a esto surgen otras interrogantes, si bien los recursos propios de los gobiernos se redujeron, porque la actividad económica cayó al igual que la recaudación, también es cierto que el financiamiento llegó por millones; entonces, ¿donde están los millones? ¿dónde están los beneficios?

Seguramente no están en los sistemas de salud colapsados; contrarrestando los crecidos niveles de informalidad, en las canastas básicas alimentarias infladas, en la deserción escolar, en los elevados porcentajes de desempleo, o en los casi ya desaparecidos programas sociales, o en otros servicios públicos básicos sociales. ¿Dónde quedaron?, ¿fueron suficientes?, ¿fueron bien administrados?, ¿fueron las personas en mayor vulnerabilidad las más protegidas?, ¿llegó el apoyo a los hogares con niños en condición de hambre?, ¿a los ancianos sin pensión?, ¿o se asistió a personas que laboran en trabajos no remunerados?, ¿en qué porcentajes? Aunque aquí dejaré la parte de las preguntas y me cambio al lado de respuestas, será imposible contestar más que un par de ellas, porque usted y yo no lo sabemos. 

En los últimos dos años, muchos son los Estados centroamericanos que han incrementado su opacidad, algunos lo han hecho de forma legal —y aunque no legitima—, valiéndose de estados de calamidad pública (o similar, de acuerdo al nombre que reciba en cada país) donde establece mantener la seguridad, el orden público  y la estabilidad de las instituciones, entre otros, se tomaron medidas para prevenir colapsos  sociales y económicos, apresuradas y de carácter de urgencia, que en casi todas las ocasiones carecieron de mecanismos de rendición de cuentas respecto a la asignación y ejecución de los recursos.  Y qué decir, si ya de por sí el gusto por la rendición de cuentas no es algo del que puedan presumir nuestros gobernantes.

Transparencia Internacional reveló escenarios con manifestaciones de influencia de corrupción en las acciones de los gobiernos frente a COVID-19 desde su medición en 2020.  En 2021, en Centroamérica al igual que otras regiones, el indicador del Índice de Percepción de la Corrupción (IPC) ha mostrado un escenario más dramático: 4 países centroamericanos (El Salvador, Guatemala, Honduras y Nicaragua) fueron posicionados en peores situaciones que en 2020 y años anteriores. Las evaluaciones fueron reveladoras y confirmaron cuestiones que ya han sido han expresadas, algunos gobernantes fueron calificados como dictadores, y otros, que tal vez aún no suenan bajo el calificativo llevan ya el camino adelantado, pues bajo sus mandatos están consiguiendo los mayores retrocesos en la lucha contra la corrupción y debilitando la democracia y los derechos humanos.

 

Ante las cifras, y a manera de reflexión, no puede ser permisible que mientras algunos vimos perder a algún miembro de nuestra familia o amigos por falta de recursos o por falta de atención adecuada, que miles murieron en la soledad de una camilla o en el suelo de un hospital improvisado, otros perdieron su empleo o vieron quebrar su empresa; mientras otros, por el contrario, haciendo uso de sus privilegios obtenidos a través de la institución pública y los recursos del Estado hayan usado indiscriminadamente los fondos obtenidos y se hayan beneficiado de esta tragedia, de la calamidad de los pueblos, revuelve un tanto los pensamientos y la conciencia que esto suceda frente a nuestros ojos. 

Aunque aún nos enfrentamos a esta pandemia y a sus consecuencias, ya van acumulándose lecciones importantes: es necesario que la tragedia no finalice con el optimismo político ante el rebote estadístico que se interpretó como “crecimiento económico” en 2021, sino que siga una trayectoria de desarrollo, de lecciones aprendidas, nos llene de conocimiento, sanando las heridas y fortaleciendo las bases, en las que todos y todas seamos parte. El reto, como ciudadanos y ciudadanas responsables, está en exigir a las  autoridades planes de transparencia, presentación de resultados, análisis de los resultados, cifras estadísticas oficiales y/o involucramiento y representación de todas las partes. Pues solo conociendo el problema se encontrarán las respuestas y soluciones para contrarrestarlo.

Quien objeta esta necesidad, o peca de inocencia, o cierra los ojos en complicidad, o bien recibe beneficios con sistemas públicos opacos, concentrados, autoritarios y con privilegios para unos pocos.

 

Sucely Donis Bran // Economista investigadora / @SucelyDonisB

Esta columna fue publicada originalmente en Gato Encerrado, disponible aquí


FUENTES *Transparencia Internacional, es la organización líder de la sociedad civil dedicada a la lucha contra la corrupción en todo el mundo. El Índice de Percepción de la Corrupción (CPI por sus siglas en inglés) es el principal barómetro internacional de la corrupción en el sector público y ofrece una panorámica comparada de este fenómeno en 180 países y territorios.