

La observación electoral, un esfuerzo por la democracia
La observación electoral –independiente y técnicamente sustentada– muestra un panorama sombrío.
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La democracia es una forma de sistema político en la que el pueblo ejerce el poder mediante representantes electos por voto popular. Requiere que la sociedad reconozca y respete los valores, los derechos, la libertad y la igualdad de las y los ciudadanos ante la ley. Dentro de este esquema, los países deben adoptar y lograr condiciones para que la ciudadanía pueda elegir, con las garantías de un Estado que vele por la transparencia y la seguridad de las elecciones, y que se generen espacios de participación e información para emitir un voto informado y libre de coacción o clientelismo.
En Guatemala actualmente se están desarrollando un proceso electoral para elegir al binomio presidencial, diputados al Congreso, al Parlamento Centroamericano y a miembros de consejos municipales. Este ejercicio inició el 25 de marzo con la aprobación de la campaña electoral para los 30 partidos inscritos, de los cuales, por el momento, tres han quedado excluidos de la elección presidencial, por disposiciones arbitrarias y anómalas por parte del Tribunal Supremo Electoral (TSE). La Misión de Observación Electoral de Guatemala (MOE-Gt), conformada por siete organizaciones de la sociedad civil y más de 70 observadores desplegados en 30 municipios priorizados, ha observado y reportado esta situación y muchas otras que se han dado durante más de dos meses de campaña electoral.
El ejercicio de observación electoral independiente es importante para salvaguardar elecciones auténticas, mitigar posibles conflictos, promover la rendición de cuentas y fortalecer el desarrollo democrático. Cumple lo dispuesto por la Declaración de principios globales de la Organización de las Naciones Unidas para la observación y monitoreo no partidario realizado por organizaciones ciudadanas, con más de 160 organizaciones en los últimos 20 años y en más de 90 países. En el caso de Guatemala, a la fecha la MOE-Gt ha presentado cuatro informes con análisis del proceso electoral, los cuales han revelado una serie de debilidades de los partidos políticos y del Gobierno.
La MOE-Gt ha analizado el desempeño del TSE, cómo se ha manejado el acceso a medios de información y las implicaciones de mecanismos de desinformación y prácticas electorales fraudulentas, situaciones de violencia y conflictividad electoral, el seguimiento al financiamiento público y privado de las organizaciones políticas, así como el posible uso de recursos públicos para campaña electoral. Los hallazgos logrados por la MOE-Gt son insumos para las autoridades, y con base en ellos, quedan obligadas a intervenir con mecanismos de prevención y de acción ante anomalías que deben ser sancionadas según la ley.
La observación electoral –independiente y técnicamente sustentada– muestra un panorama sombrío ante la incertidumbre que genera la falta de credibilidad en el TSE y en el Gobierno. La MOE-Gt reporta que las autoridades no lograron comunicar adecuada ni oportunamente las consecuencias de las reformas que se han realizado a la Ley Electoral y de Partidos Políticos, a su Reglamento y a otras normativas que regulan el proceso electoral. Ha resaltado que los procesos de judicialización que han resultado en rechazo o suspensión de candidaturas están plagados de resoluciones arbitrarias por parte del TSE, en tanto, continúan candidaturas a diputaciones y cargos ediles con procesos de investigación por corrupción o que su probidad es cuestionable.
Ha evidenciado el uso de recursos públicos para campaña electoral, con 28 casos documentados y con evidencias que se sustentan en la validación de la información recibida con los portales de datos presupuestarios y de adquisiciones públicas, una muestra que evidencia la gravedad y extensión de estas formas de abuso del erario.
También, la MOE-Gt ha seguido las acciones por infracciones a las normas de propaganda electoral y las sanciones aplicadas. En cuanto a los casos de violencia electoral y conflictividad, ha documentado, hasta mediados de mayo, 36 casos en los que lamentablemente se incluyen 4 asesinatos, 4 intentos de asesinato y otra serie de incidentes como amenazas, ataques verbales, golpizas, ataques sexuales y destrucción de bienes materiales.
Estos y otros hallazgos de la MOE-Gt, demuestran debilidades importantes del proceso electoral guatemalteco de 2023, por lo que preocupa el riesgo de escenarios violentos y de más acciones fraudulentas, en un contexto de falta de credibilidad y arbitrariedad del TSE. La experiencia de la MOE-Gt seguramente resultará de interés y utilidad para iniciativas similares ya en preparación para las elecciones de El Salvador en 2024 y las de Honduras en 2025.
Estos esfuerzos suman a una lucha incansable y continua por proteger la democracia en Centroamérica. La ciudadanía tiene el poder de decisión y la última palabra para elegir a sus gobernantes, pero el ejercicio democrático debe fortalecerse con iniciativas independientes y técnicamente sustentadas, capaces de evidenciar la realidad de los procesos electorales. Son una contribución para crear las condiciones que permitan ejercer un voto informado, ante Estados cuyos gobiernos y candidatos siguen perpetrando los vicios y acciones fraudulentas, que solo resultan en mantener la hegemonía de poderes corruptos que obstaculizan un desarrollo democrático, incluyente y legítimo.
Carlos Gossmann // Economista sénior / @CarlosGossmann
Esta columna fue publicada originalmente en El Economista, disponible aquí.