El Organismo Ejecutivo presentará, al Congreso de la República, el proyecto de presupuesto de ingresos y gastos para 2019 el próximo 2 de septiembre, luego de un largo período de preparación.  Aun cuando no se conocen los datos específicos, se sabe que el techo indicativo implicará Q88,994.0 millones (13.9% del PIB), de los cuales, conforme el escenario político actual y a fin de mantener la estabilidad macrofiscal de corto plazo, se estima que la propuesta incluirá una elevación del gasto hasta unos Q84,800.0 millones (13.2% del PIB),  que aunque porcentualmente es mayor a la muy pobre ejecución del período 2015-2018 (12.1% del PIB), se ubicaría por debajo de los estándares para el período 2000-2014 (14.1% del PIB).   Se  estima que la propuesta también incluirá la recaudación de unos Q65,600.0 millones (10.2% del PIB),  similar al promedio de 2015-2018, pero muy por debajo del 11.2% promedio para 2000-2014.  Como consecuencia, se puede prever que el déficit fiscal alcanzará unos Q15,600.0 millones (2.4% del PIB), muy por encima del 1.4% promedio del período 2015-2018, pero acorde a la experiencia histórica de los años electorales, y suficiente para mantener la sostenibilidad en el manejo de la deuda pública, la que al final de 2019 representaría unos Q154,900 millones (24.1% del PIB).   

En el proceso deben reconocerse los avances del Minfin en el acceso público a la discusión del presupuesto, con el fin de mejorar el conocimiento y la percepción sobre ciertas temáticas,  sin embargo, y muy a pesar de que el ejercicio incluye un esfuerzo de presupuesto multianual 2019-2023, deja mucho que desear como ejercicio real de planificación pública.  

Para comprender la situación, debe recordarse que la sostenibilidad fiscal de un país se  logra cuando los gastos alcanzan para atender los problemas sociales, y los ingresos son suficientes para cubrir los gastos planificados.  Si los recursos disponibles son insuficientes —caso Guatemala—,  es indispensable conocer con qué grado de eficacia se avanza hacia cumplir los propósitos consagrados en la Constitución,  y sobre todo, con qué eficiencia se utilizan los recursos; de allí que no es suficiente saber cuánto se asigna a cada Ministerio, debe saberse que logra cada uno. Por supuesto que el Minfin puede apresurarse a afirmar que dicha tarea no les corresponde… y ese es el punto. La elaboración y discusión del presupuesto más que un ejercicio de “sube y baja” financiero, debe ser una plataforma para garantizar el alcance de los objetivos de Estado, en donde Segeplán ocupa un papel preponderante.  El Minfin ha avanzado en la transparencia en la discusión, ¡Bravo! Aun así, la verdadera pregunta es si el presupuesto 2019, en general, contempla qué resultados se obtendrán con el uso de los recursos… no solo cuanto se le aumentará a cada ente.

Muchas instituciones pueden asegurar que no se puede hacer más, porque los recursos no son suficientes. Pero, y ¿qué es lo que se está logrando? El presupuesto debe estar atado al proceso de planificación pública, y mostrar cómo se avanza en el cumplimiento de los estándares y las metas del país, entre ellas: ¿Cuál es la cobertura educativa esperada? ¿Cuánto se reducirá la desnutrición infantil? ¿Cuánto cuesta el mantenimiento de las carreteras?, ¿Cuántos kilómetros nuevos de carretera se espera disponer?,  etc.   Por supuesto que también debiera incluir los pasos del Minfin y la SAT para reducir la evasión tributaria, reducir los privilegios fiscales y combatir los flujos ilícitos de capitales, entre otras cosas.   Si dichos aspectos no se discuten y no quedan evidentes, el nuevo presupuesto será, como en años previos, un ejercicio aritmético —similar al de muchos planes de Gobierno cuando los partidos están en campaña—, solo que ahora  se dice cuánto se va a gastar, pero no en qué ni muchos menos qué se espera obtener.