La presentación de la propuesta de la Iniciativa Ciudadana para las Pensiones (ICP) para reformar el sistema de pensiones, ha posicionado el tema de nuevo en la agenda pública. Esta propuesta y la hecha por el Gobierno en 2016, son los insumos principales para un debate de sensibles trasfondos ideológicos en El Salvador. Ambas comparten –en mayor o menor medida- al menos dos características: no son propuestas de reforma previsional integral; y, no han surgido como fruto del debate entre todas las partes interesadas. Que éste sea un rasgo común a ambas propuestas es preocupante, sobre todo si recordamos la poco incluyente y nada debatida reforma previsional aprobada en 1996, la cual derivó, entre otros aspectos, en el pago de un costo de transición muy alto que en estos momentos presiona de forma perniciosa a las finanzas públicas.