El seminario internacional ¿Industrias extractivas y desarrollo sostenible? se realizó el pasado 7 de abril en Ciudad de Guatemala, el cual tuvo como preámbulo la presentación del estudio «Implicaciones fiscales del cierre de minas en Guatemala». Además, contó con la participación de expertos nacionales e internacionales en temas de medio ambiente e industrias extractivas provenientes de Chile, Costa Rica, El Salvador, Estados Unidos, y Guatemala.

La actividad fue organizada por el consorcio IBIS-Icefi, en el marco del proyecto «Promoviendo la transparencia fiscal de las industrias extractivas en Guatemala», financiado por la Unión Europea. Durante la presentación del estudio, la economista Lourdes Molina señaló que los proyectos mineros tienen un ciclo de vida limitado, y que sus etapas no se reducen únicamente a la explotación de los minerales. Por el contrario, una de las etapas más importantes de este tipo de proyectos es su fase de rehabilitación y cierre, de cuya buena gestión depende la minimización de los impactos que puedan generarse en materia ambiental, social y económica en las actuales y futuras generaciones.

Se estima que, de acuerdo a la vida de los proyectos mineros actuales, en los próximos años (entre 2023 y 2038) el costo de reclamación promedio por mina puede oscilar entre el 0.02 y el 0.21% del PIB; costos que resultan superiores a lo que los aportes tributarios directos totales (impuestos y regalías) han representado entre 2009 y 2015. El pago realizado por el sector minero, que incluye a todas las empresas mineras, en concepto de impuestos y regalías, ha representado un promedio 0.09% del PIB de cada año.

Los comentarios al estudio estuvieron a cargo de Robert Robinson, ingeniero en minas que ha realizado evaluaciones a los Estudios de Impacto Ambiental a distintos proyectos mineros en Guatemala, luego de una vasta experiencia en trabajo con minas en su país. En el panel internacional se contó con la participación del embajador de Chile en Guatemala, Domingo Namuncura, quien se refirió a la experiencia de la actividad minera en su país. Asimismo, participó el geólogo costarricense Allan Astorga, quien laboró en la Secretaría Técnica Ambiental de su país, entidad desde la cual se presentó un informe técnico con el que se incidió en la decisión de suspender la minería metálica en ese país. De igual manera, participó Herman Rosa Chávez, ex ministro de Ambiente de El Salvador, quien durante su gestión desarrolló una Evaluación Ambiental Estratégica sobre el sector de minería metálica en El Salvador que sirvió de base para la elaboración de un proyecto de ley que suspendía los procesos administrativos relacionados con la actividad minera. 

Tras su presentación, el consorcio IBIS-Icefi recomendó que el Estado de Guatemala establezca una suspensión en el otorgamiento de cualquier tipo de licencia minera e inicie un proceso de consulta, diálogo y consenso nacional en el que, con base en información objetiva, se discuta si las industrias extractivas deben formar parte, o no, del modelo de desarrollo del país.