Guatemala.- En consorcio, el Instituto Centroamericano de Estudios Fiscales (Icefi) y la organización danesa de desarrollo IBIS presentaron los resultados de su más reciente investigación conjunta, titulada «Implicaciones fiscales del cierre de minas en Guatemala», en el marco del proyecto «Promoviendo la transparencia fiscal de las industrias extractivas en Guatemala», financiado por la Unión Europea.

El informe recuerda que los proyectos mineros tienen un ciclo de vida limitado, que cuenta con diferentes etapas y no se reduce únicamente a la explotación de los minerales. Por el contrario, una de las etapas más importantes de este tipo de proyectos es su fase de rehabilitación y cierre, de cuya buena gestión depende la minimización de los impactos que puedan generarse en materia ambiental, social y económica en las actuales y futuras generaciones.

En el caso específico de Guatemala, el consorcio planteó que la legislación y la institucionalidad vigente no son consecuentes con las complejidades que las actividades mineras representan. Tanto la legislación minera como la legislación ambiental no establecen normativas adecuadas para el proceso de rehabilitación y cierre de minas, no indican la obligatoriedad de las empresas de elaborar un plan de cierre desde las etapas tempranas de la vida del proyecto, ni el compromiso de estas de asumir los costos de implementación de dicho plan.

Ante las debilidades del marco legal e institucional, el Estado de Guatemala corre el riesgo de que los titulares de los derechos mineros no asuman sus responsabilidades, de manera que las medidas de rehabilitación y cierre deban ser financiadas con recursos públicos. Se estima que, de acuerdo a la vida de los proyectos mineros actuales, en los próximos años (entre 2023 y 2038) el costo de reclamación promedio por mina puede oscilar entre el 0.02 y el 0.21% del PIB; costos que resultan superiores a lo que los aportes tributarios directos (impuestos y regalías) totales han representado entre 2009 y 2015. El pago realizado por el sector minero, que incluye a todas las empresas mineras, en concepto de impuestos y regalías, ha representado un promedio 0.09% del PIB de cada año.

Además, si el proceso de cierre de minas no se realiza de manera adecuada, el Estado de Guatemala, se podría enfrentar, en el futuro, a la aparición de pasivos ambientales mineros, que son impactos negativos en el ambiente natural, la salud y la seguridad humana, derivados de elementos tóxicos de minas abandonadas o cerradas inadecuadamente, cuya remediación, significaría una mayor demanda de recursos públicos.

El consorcio recuerda que a estas problemáticas se suman la falta de consenso sobre si las actividades mineras son parte del proceso de desarrollo de Guatemala, los significativos niveles de conflictividad social, la poca transparencia del sector, así como cuestionables beneficios fiscales y económicos para el país y las comunidades donde se localizan estos proyectos.

Ante esta evidencia, IBIS e Icefi recomiendan que el Estado de Guatemala establezca una suspensión en el otorgamiento de cualquier tipo de licencia minera e inicie un proceso de consulta, diálogo y consenso nacional en el que, con base en información objetiva, se discuta si las industrias extractivas deben formar parte, o no, del modelo de desarrollo del país. Sobre esta reflexión social se deberá generar un marco legal adecuado y moderno. En cuanto a las licencias vigentes, el Estado debe realizar en el corto plazo, una evaluación de los costos de cierre de las explotaciones mineras, publicar y dar a conocer los resultados a la población e identificar las diferentes medidas para mitigar el riesgo financiero que representa para el Estado el asumir estos costos así como la remediación de los pasivos ambientales.

Guatemala, Centroamérica, 7 de abril de 2016.