El objetivo central del estudio es determinar qué elementos caracterizan la actividad minera y condicionan su carácter conflictivo, así como los desafíos que se debe enfrentar para resolver la problemática en el futuro. 

De acuerdo con el estudio, si continúa la trayectoria actual, la minería de metales en Guatemala estará caracterizada por una presión incremental: poco espacio para la discusión, negociación y vinculación entre actores; aumento de denuncias de violaciones a los derechos humanos y, en particular, de los derechos colectivos de los pueblos indígenas; poca capacidad de respuesta de un marco normativo incompleto, caracterizado por la fragilidad del marco legal e institucional en materia ambiental.

En ese contexto, los desafíos que se le presentan al Estado guatemalteco son complejos. El estudio concluye que las posibilidades de conflicto aumentan cuando: a) el capital social y humano se ve afectado al percibir que se violan los derechos humanos de las poblaciones en donde se asienta  la mina; b) los impactos sobre el capital natural son elevados, acumulativos y diferenciados durante todo el ciclo del proyecto y existe la posibilidad de que dichos impactos sean irreversibles, imposibilitando la compensación; c) el Gobierno fomenta las actividades mineras sin un análisis amplio y multisectorial  de los costos y beneficios de largo plazo; d) las «rentas del recurso» no son capturadas por los mecanismos fiscales tradicionales y no se reinvierten en otras formas de capital que generen beneficios netos para la sociedad (en particular, capital producido y humano).