La función principal de una administración tributaria es recaudar aquellos tributos que proceden de la aplicación de la capacidad coercitiva del Estado, a fin de que este tenga la capacidad de financiar su funcionamiento, dirigido, por supuesto, a cumplir los objetivos sociales y económicos que la sociedad ha dispuesto. En términos generales, y en el imaginario popular, se piensa que el propósito de la administración tributaria debe ser simplemente crear mecanismos ágiles y oportunos que faciliten a los contribuyentes la entrega de los ingresos fiscales que les corresponde conforme lo establecido en la Ley. Sin embargo, la situación real dista mucho de lo que sugieren estos planteamientos. En la práctica, existe un importante segmento de habitantes dispuestos a no cumplir con el pago de tributos que les corresponde debido, primero, a que consideran que la pérdida de bienestar que les ocasiona el pago tributario no corresponde a los beneficios que reciben al formar parte de la sociedad y, segundo, al hecho de que estiman que existe poco riesgo de ser detectados en su acción de no cumplimiento y, por ello, pueden asumir un papel de free riders, es decir que incluso sin pagar la parte tributaria que les corresponde, pueden disfrutar del uso y suministro de los bienes públicos que les permite la coexistencia en sociedad.

El papel de la administración tributaria, entonces, aunque implica también la introducción de mecanismos de gestión y pago que faciliten el cumplimiento, tiene como tarea fundamental lograr que sistemáticamente aquellos individuos que utilizan diferentes mecanismos para evitar los pagos asignados los entreguen oportunamente. Por ello, en la práctica actual, a las administraciones tributarias se les mide fundamentalmente por el efecto causado en la disminución sistemática del incumplimiento tributario, situación que se manifiesta, entre otras cosas, tanto por la incorporación paulatina al pago de tributos de aquellos sujetos que son renuentes al cumplimiento de sus obligaciones, como al combate en el uso de prácticas que, tratando de aparentar legalidad, son utilizadas para reducir el monto entregado a las cajas fiscales.