El 10 de marzo se realizó el foro público «¿Qué esperamos de la Maccih?: demandas y expectativas de sectores de la sociedad civil ante la Misión de Apoyo contra la Impunidad en Honduras», en cuya actividad el Icefi presentó un análisis comparativo entre esta entidad  internacional y la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala (Cicig).

La presentación de este análisis estuvo a cargo de Carlos Melgar, investigador del Icefi, en la que destacó que uno de los factores que tienen en común ambas entidades son las disposiciones que buscan proteger la independencia en su desempeño; por lo que señaló el desafío que tendrá el Estado hondureño en asegurar la independencia funcional y económica de la Maccih.

Uno de los aspectos que se cuestionaron, en relación a la creación de la Maccih, es la decisión de atenuar lo concerniente a la persecución penal, considerándose una desventaja de origen. Además, se apuntó la relevancia que tendrá la efectiva implementación de las recomendaciones que se formulen para el seguimiento a las convenciones internacionales anticorrupción, la mejora sustantiva en el desempeño y efectividad del Sistema de Justicia hondureño, las reformas al sistema político electoral y la institucionalización de mecanismos de vigilancia social sobre el sistema de seguridad ciudadana del país.

Además del Icefi, en el foro participó Fernando García, director de Servicios Técnicos, Legales y Económicos –SETELEC-, con el tema «Honduras, una historia de corrupción e impunidad», Martha Sabillón, ex viceministra de Derechos Humanos, con el tema «Alcances, limitaciones, expectativas y realidades»; y Wilfredo Méndez, del Centro de Investigación y Promoción de los Derechos Humanos –CIPRODEH-, con el tema «Las demandas desde sectores de sociedad civil».

Icefi concluyó su participación señalando que la existencia de instancias como la Cicig y Maccih no eximen de la necesidad de que los Estados de Guatemala y Honduras fortalezcan los recursos humanos, materiales y financieros con el fin de aumentar la cobertura y capacidades de las instituciones públicas relacionadas con la justicia, la seguridad y el combate a la corrupción. Y añadió que sin una profunda transformación institucional que evite que la impunidad y corrupción permeen en dichas instituciones, este fortalecimiento no se podrá realizar.